¿Cuándo nos rebelamos nosotros?

BEATRIZ GIMENO

Debido al silencio de los medios de comunicación (excepto ELPLURAL.COM y Público) resulta difícil enterarse de que en el estado norteamericano de Wisconsin los funcionarios han asaltado nada menos que el Capitolio del estado y que permanecen allí desde hace dos semanas mientras manifestaciones de 100.000 personas recorren las calles en protesta por los recortes que el gobernador ultraderechista del estado pretenden imponer a los funcionarios en materia de negociación colectiva. Es imposible no pararse a reflexionar en lo que significa que no se nos informe puntualmente o que no se dé importancia nada menos que a la toma de un parlamento; y en EE.UU nada menos.

El gobernador Walker quiere convertir Wisconsin en el paraíso neoliberal. Varios estados han manifestado ya su intención de seguir los pasos del gobernador ultraderechista, cosa que harán sin dilación si finalmente éste tiene éxito. Amparándose en el déficit lo primero que Walker pretende es acabar con los sindicatos y con el derecho de los trabajadores a la negociación colectiva. Cada trabajador negociando (es un decir) por su cuenta frente al poder del empresario. Walker quiere acabar primero con los sindicatos y después quiere poder desembarazarse de la obligación de pagar el seguro médico de los empleados y obligarles también a que ellos costeen una parte de sus pensiones. Primero será una parte, después la parte entera. Supongo que todo esto les suena.

Es un auténtico ataque de la extrema derecha que fue, por cierto, quien financió la campaña del gobernador y que ahora pretende además acabar con las restricciones legales para que las grandes corporaciones costeen las campañas políticas. Podemos imaginar en el futuro una televisión (la única fuente de información de mucha gente) copada por anuncios, programas, noticias etc. pagados por la ultraderecha. Supongo que después de ver la TDT esto también les sonará. Lo que se pretende es imponer en EE.UU. (y en Europa por supuesto) condiciones de vida que hasta ahora sólo conocíamos en el tercer mundo. Por primera vez desde la II Guerra Mundial la concentración de la renta en EE.UU. es la propia de un país tercer mundista y es, además, el nivel más alto de concentración en la historia de este país: el 1% de la población posee ya el 25%.

Los demócratas pretenden ahora impedir que Walker se salga con la suya pero quizá sea tarde. Como denunciaba la semana pasada el New York Times, los demócratas no han hecho casi nada para modificar la política fiscal iniciada por Reagan y que prácticamente supuso que, desde los 80, los ricos no pagan ya impuestos; no han hecho nada contra décadas de enriquecimiento ilícito provocado por la especulación y los productos basura, no han hecho nada para explicar por qué se ha producido esta crisis, quien la ha causado y, una vez explicado esto, pasarles a los causantes de la misma la factura. Por el contrario, los demócratas han pasado la factura al conjunto de la ciudadanía. Supongo que eso también les suena.

Según me cuanta una amiga desde EE.UU ya son varios los estados cuyos trabajadores se están movilizando en apoyo del funcionariado de Wisconsin. Los trabajadores han entendido que allí se juega mucho más que los sueldos, lo que se juega es el marco social del futuro y, en definitiva, lo que entendemos por democracia. En cuanto aquí, la cosa ya va mal pero no nos engañemos, cuando gane el PP puede que llegue el momento en que tengamos que asaltar algo. Pero que no se me acuse de nada porque hace dos días el que nos animaba al asalto de cualquier cosa era el portavoz del PP Gonzalez Pons. Recordaremos sus palabras y llegado el momento, por nuestra dignidad y como los de Wisconsin, tendremos que asaltar algo.

Beatriz Gimeno es escritora y ex presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB)

PUBLICAT A :El Plural / 02/03/2011

Las protestas de Egipto continúan en las fábricas

Hossam el-Hamalawy

Desde que Hosni Mubarak huyó del Cairo, e incluso antes, algunos activistas de clase media han estado apremiando a los egipcios, en nombre del patriotismo, a suspender sus protestas y volver al trabajo, cantando algunas nanas de lo más ridículas: "Construyamos un nuevo Egipto", "Trabajemos más duro de lo que nunca hemos trabajado". Está claro que no saben que los egipcios se encuentran ya entre la gente más laboriosa del mundo. [1]

Estos activistas quieren que confiemos a los generales de Mubarak la transición a la democracia, la misma junta que proporcionó la columna de la dictadura en los últimos 30 años. Y si bien creo que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que recibió 1.300 millones de los EE. UU. en 2010, terminará por fraguar la transición a un "gobierno civil", no me cabe duda de que será un gobierno que garantice la continuación de un sistema que no toque jamás los privilegios del ejército, que mantenga a las fuerzas armadas como institución que disponga de la última palabra en política, que garantice que Egipto continúe la senda de la política exterior norteamericana, tan odiada.

Un gobierno civil no debería estar formado por miembros de un gabinete en el que simplemente se han quitado el uniforme militar. Un gobierno civil significa representar las demandas y deseos del pueblo egipcio sin intervención alguna de los máximos capitostes. Creo que resultará muy difícil lograr esto, y eso si es que la junta llega a permitirlo. Los militares han formado parte de las instituciones gobernantes de este país desde 1952. Sus mandos forman parte del poder establecido. Y si bien oficiales jóvenes y soldados son aliados nuestros, no podemos ni por un instante poner nuestro crédito y nuestra confianza en los generales.

Todas las clases de Egipto participaron en el levantamiento. Mubarak consiguió enajenarse a todas las clases sociales. En la Plaza de Tahrir se podía encontrar a los vástagos de la élite egipcia, junto a trabajadores, ciudadanos de clase media y pobres de las ciudades. Pero recordemos que sólo cuando el miércoles [9 de febrero] se iniciaron las huelgas masivas, el régimen comenzó a cuartearse y el ejército hubo de forzar a Mubarak a dimitir porque el sistema estaba a punto de derrumbarse.

Algunos se han sorprendido al ver a los trabajadores en huelga, lo cual es una ingenuidad. Los trabajadores han ido poniendo en pie la ola de huelgas más prolongada y sostenida de la historia de Egipto desde 1946, iniciada en Mahalla, la ciudad del textil. No es culpa de los trabajadores que el mundo no les haya prestado atención. Todos los días de los últimos tres años ha habido una huelga en alguna fábrica de Egipto, ya fuese en el Cairo o en las provincias. Estas huelgas eran a la vez de naturaleza económica y política.

Desde el primer día del alzamiento del 25 de enero, la clase obrera ha estado participando en las protestas. Sin embargo, los obreros tomaban parte en ellas al principio como "manifestantes" y no necesariamente como "trabajadores", dando a entender que no se movilizaban independientemente. El gobierno, y no los manifestantes, había dejado la economía en punto muerto, con sus toques de queda, y al cerrar bancos y negocios. Se trataba de una huelga capitalista, destinada a aterrorizar al pueblo egipcio. Sólo cuando el gobierno trató de retrotraer el país a la "normalidad" el 8 de febrero volvieron los trabajadores a las fábricas, debatieron la actual situación y comenzaron a organizarse en masa, movilizándose como bloque independiente.

En algunos lugares, los trabajadores no incluían la caída del régimen entre sus demandas, pero utilizaron los mismos lemas de quienes protestaban en Tahrir y en muchos casos, los trabajadores presentaron una lista de exigencias en solidaridad con la revolución.

Estos trabajadores no se van a ir a casa. Comenzaron su huelga porque ya no podían alimentar a sus familias. Han ganado en audacia gracias al derocamiento de Mubarak, y no pueden volverse atrás y decirles a sus hijos que el ejército les han prometido traerles comida y derechos en no se sabe cuántos meses. Muchos de los huelguistas ya han empezado a elevar demandas adicionales, entre las que se cuentan el derecho a establecer sindicatos libres, alejados de la corrupta Federación Egipcia de Sindicatos respaldada por el Estado.

El sábado [12 de febrero] empecé a recibir noticias de que miles de trabajadores del transporte público estaban organizando protestas en la zona de el-Gabal el-Ahmar. Los trabajadores temporales de las acerías Helwan también protestan. Los técnicos ferroviarios siguen manteniendo interrumpido el servicio de trenes. Miles de trabajadores de las azucareras de el-Hawamdiya están protestando y los trabajadores del petróleo anunciaron una huelga el domingo por las condiciones laborales. Casi todos los sectores de la economía egipcia han sido testigos de huelgas o protestas masivas. A ellas se han sumado incluso sectores de la policía.

En este momento, la ocupación de la Plaza de Tahrir está por suspenderse. Ahora hay que llevar Tahrir a las fábricas. A medida que avance la revolución, tendrá lugar una inevitable polarización de clases. Tenemos las llaves de la liberación de toda la región, no sólo de Egipto. Debemos seguir adelante, con una revolución permanente que dé poder al pueblo de este país con una democracia directa desde abajo.

NOTAS: [1] “De acuerdo con un estudio global de la banca UBS, titulado “Prices and Earnings” [Precios y sueldos”], (…) “comparado con las otras 72 ciudades internacionales analizadas, los habitantes del Cairo trabajan de media el mayor número de horas al año, 2373`para ser exactos”. “Who you callin´ lazy?”, Almasryalyoum, English edition, http://www.almasryalyoum.com/en/news/who-you-callin%E2%80%99-lazy [2] En el Mahalla el Kubra trabajan 32.000 obreros en fábricas estatales y varias decenas de miles más en empresas privadas. El movimiento juvenil 6 de abril se originó en esa fecha de 2008 cuando una multitudinaria manifestación por el centro de la ciudad fue reprimida por la policía, que mató a dos personas. Timothy M. Phelps, “Egypt uprisings has its roots in mill town”, Los Angeles Times, 9 de febrero de 2011.

Hossam el-Hamalawy, activo periodista independiente egipcio radicado en El Cairo, cuenta con página en la Red: www.arabawy.org . Una selección de sus espléndidas fotos en blanco y negro tomadas durante la revuelta puede verse en http://www.guardian.co.uk/commentisfree/gallery/2011/feb/11/egypt-protest#/?picture=371625685&index=0

Publicat a www.sinpermiso.info (The Guardian, 16 febrero 2011)

A matraca dos salarios

Xesús Díaz*

Manda quen manda. Chegou Merkel a Madrid a venderlle ao Goberno español un “plan de competitividade” que consiste, entre outros aspectos, en desligar os aumentos salariais do IPC e limitar por lei o déficit público. É dicir, trátase de seguir a impor novos e dolorosos sacrificios que conlevan un deterioro nas condicións de vida dos cidadáns e a maximización dos beneficios empresariais.
E o malo é que este plan é asumido por gobernos “socialdemócratas” como o español fronte ao rexeitamento doutros países como Austria, Bélxica e Luxemburgo. Zapatero pasou en 48 horas de declarar que se deixara “a sindicatos y empresarios lo que corresponde a la negociación colectiva” a manifestar un “firme respaldo”, pedindo a aqueles que pacten desvincular os salarios dos prezos. Quen dá máis en menos tempo! Este cambio de opinión é indicativo da frivolidade do persoeiro e de que non ten unha concepción articulada da sociedade e da política. E menos dende unha perspectiva de esquerdas; por iso é capaz de asumir sen rigor nin rubor as políticas neoliberais que non se atreven a aplicar gobernos da dereita europea. Ou moito me equivoco ou a CEOE vai seguir a estratexia de non chegar a un acordo na negociación colectiva á espera de que o Goberno lle resolva o problema. Despois de facilitar ás empresas o descolgue dos convenios na reforma laboral, desligar os salarios do IPC e anular as cláusulas de revisión significaría un novo retroceso para os traballadores e unha concesión máis á patronal. Esta matraca de atacar un día si e outro tamén aos salarios confeso que me aburre, pero non queda máis remedio que contestala por canto estas teses están presentes nos medios. Se fora certa a relación entre salarios e competitividade, Alemaña non sería o país que máis exporta do mundo e as súas empresas terían pechado hai tempo ao pagar salarios máis elevados. A este ¬respecto lémbrome, cando na reconversión do sector naval, foi vendida a sección de motores de Barreras a unha empresa alemá. Pasados os cinco anos, que lle esixían manterse na zona, deslocalizouse a aquel país malia pagar salarios máis alto

* Xesús Díaz, ex secretario xeral do S.N. de CC.OO. de Galicia e membro de NAMENTRAS

Publicat a :http://www.namentras.org/

Los sindicatos y los acuerdos sociales

Joaquín Aparicio Tovar

Tras la firma del Acuerdo Social y Económico, CCOO y UGT han recibido ciertas críticas, algunas más que críticas auténticos insultos. La crítica es un ejercicio de libertad que hace más sana la vida democrática porque al aportar argumentos, permite ayudar a encontrar mejores soluciones a los siempre complejos problemas sociales para los que nadie tiene una solución mágica.

El insulto no, porque al no aportar argumentos no solo no contribuye a buscar una solución sino que la dificulta. Por desgracia el insulto en la vida pública española es una pesada una herencia que lejos de debilitarse se está robusteciendo, a lo que no son ajenos tantos medios de persuasión convertidos en altoparlantes de exabruptos propios de las tertulias cuarteleras del franquismo, que en un país culto y democrático deberían estar erradicados.

CCOO y UGT son piezas esenciales de nuestra democracia. Lo avalan su historia y su presencia diaria en los centros de trabajo, y los trabajadores cada cuatro años de forma democrática lo valoran y les confieren la mayor representatividad haciéndoles superar los exigentes requisitos impuestos por la ley. Incluso la afiliación sindical no es tan baja como se dice (es más alta que en Francia, por ejemplo). Son, con enorme diferencia, las mayores organizaciones sociales de este país de tan poca cultura asociativa. Ni por su potente estructura organizativa, ni por la audiencia electoral tan extensa puede ponerse en cuestión su calidad representativa, como alguien en un evidente exceso ha llegado a hacer en estos días.

Los sindicatos, especialmente los más representativos, CCOO y UGT, son piezas esenciales de la democracia, como el art. 7 de la Constitución deja claro, porque sin ellos la democracia misma languidecería. Al no ser posible hoy una democracia directa, en las democracias representativas se abre una gran brecha entre representantes y representados, lo que da lugar, como decía N. Bobbio, a que sean poco representativas. Es necesario, por tanto, buscar vías para su mejora. La concertación social en la Europa posterior a la segunda guerra mundial ha sido una de ellas y en particular, en España. A través de los grandes sindicatos confederales se expresan y defienden intereses, no solo de los trabajadores afiliados, sino del conjunto de los asalariados en nuestra compleja sociedad pluriclasista. En el más noble sentido de la palabra los sindicatos confederales son sujetos políticos que, sin embargo, no aspiran a detentar el poder político. El Estado Social y Democrático de Derecho en que según el art. 1.1 de nuestra Constitución se constituye España no es posible sin ese papel de los sindicatos. Pero la Concertación social no supone el abandono del conflicto, como también la historia reciente de España enseña, es más, sin conflicto no es pensable la concertación.

Pero expresar esos amplios y grandes intereses de los asalariados (la inmensa mayoría de la población) no es tarea sencilla porque los sindicatos confederales deben proceder a una difícil tarea de mediación entre los múltiples intereses sectoriales o particulares (cuando no egoístas) de determinados grupos. Es falso presentar nuestra sociedad como una dividida de modo simplista entre insiders y outsiders en la que los sindicatos más representativos defienden a los insiders frente a los outsiders. La mera comparación con los sindicatos corporativos (pongamos el de controladores aéreos) es suficiente.

Mediar entre intereses complejos en asuntos trascendentales no es sencillo, como es el caso del Acuerdo Social y Económico de enero pasado. Especialmente no lo era porque el contexto es muy adverso a los intereses de los trabajadores. Estamos sufriendo un duro ataque al Estado Social y Democrático de Derecho. Los grandes poderes económico-financieros llevan desde años presionando para modificar radicalmente nuestro Sistema de Seguridad Social, no es nada nuevo. Pero ahora esos poderes han redoblado sus ataques con la renovada alianza del Banco Mundial, el FMI, la OCDE, y ahora, la Comisión Europea. Han redoblado los ataques porque en Europa no se han encontrado frente a un sujeto político lo bastante fuerte como para impulsar una salida a la crisis que fortalezca los derechos sociales y limite o elimine los poderes de las oligarquías dominantes. La reforma de la Seguridad Social española no era de tan urgente necesidad como para que tener que cerrarse en el mes de enero de 2011. Era una imposición de los especuladores internacionales, como la Ministra de Economía reconoció (había que dar confianza a los mercados), con un guión escrito por la Comisión Europea. En su Libro Verde de julio de 2010, siguiendo las pautas marcadas en 1994 por el Banco Mundial, viene a propugnar dar un gran protagonismo a los fondos de pensiones gestionados por entes privados, a pesar de reconocer sus enormes pérdidas. Su modelo es establecer un sistema en varios pilares, uno público y obligatorio que garantice una pensión mínima muy baja, otro (u otros) de fondos de pensiones profesionales y obligatorios, pero gestionados por entes privados y otros de fondos de pensiones voluntarios individuales y gestionados también por privados. El resto de la historia ya es conocida: se redobló el bombardeo mediático para aterrorizar a la población sobre el futuro de nuestra Seguridad Social, porque como los mismos operadores financieros han reconocido, un buen funcionamiento del Sistema de Seguridad no deja espacio a los fondos privados.

CCOO y UGT forzaron una negociación denostada por los economistas orgánicos de la banca y las grandes empresas y por las autoridades económicas de nuestro Gobierno que, al abominar de la concertación social, mostraban la cara autoritaria y antidemocrática de sus propuestas. Casi con toda seguridad, sin la huelga general de 29 de septiembre la reforma de la Seguridad Social se habría impuesto de forma unilateral en una línea más próxima a los designios del Libro Verde de la Comisión Europea. Si, como dicen algunos de sus críticos, los sindicatos confederales defendieran a los insiders les habría sido fácil aceptar las propuestas de la Comisión dando prioridad a los fondos de empleo. Pero no han hecho eso, han mediado tratando de defender los intereses del conjunto de los asalariados que solo a través de un sistema como el nuestro de reparto se pueden garantizar. Han defendido nuestro Sistema que en tantos sentidos es modélico y que bien harían otros países en imitar. Claro está que sin una izquierda política a escala europea los sindicatos nacionales, y en concreto los españoles, están como un boxeador al que atan un brazo. En estas condiciones es razonable que se sopesase mucho la decisión de convocar una nueva huelga porque tiene un coste, sobre todo para los trabajadores que la hacen en una situación de altas tasas de desempleo.

El Acuerdo tiene aspectos positivos, el más importante que no pone en cuestión el sistema de reparto actual. El Sistema se refuerza, además, por la integración en el régimen general de los trabajadores agrícolas por cuenta ajena y las trabajadoras (porque la mayoría son mujeres) del hasta ahora régimen especial de empleados de hogar. También es importante y positiva la subida de las bases de cotización en el régimen especial de trabajadores autónomos, o que se consideren cotizados los periodos dedicados al cuidado de hijos que provocaron abandono del trabajo o los periodos de becas de los jóvenes por los que no se cotizó. Tampoco conviene pasar por alto que el periodo de carencia de la pensión de jubilación siga siendo de 15 años, pues su subida (como estaba previsto) habría expulsado del brazo contributivo a los trabajadores con carreras de cotización más cortas. También se ha evitado que se impongan los 67 años como edad pensionable general ya que hay varias edades de jubilación a partir de los 61 años. Pero negar que se han endurecido los requisitos para alcanzar el cien por cien de la pensión sería negar la evidencia. Por eso los argumentos que criticaban las propuestas del gobierno siguen siendo válidos. El Sistema tiene buena salud, pero no puede aceptarse la idea de la contributividad entendida como que la prestación tenga que ser proporcional a lo aportado por el sujeto individual. Eso, por mucho que lo digan los economistas liberales, no tiene nada de equitativo. Es introducir ideas propias de la capitalización en un sistema de reparto. Las aportaciones al Sistema han de hacerse, como hasta ahora, básicamente con cuotas calculadas sobre los salarios, pero no hay que cerrar la puerta (como no lo hace el actual art. 86 LGSS) a ingresos procedentes de impuestos, preferiblemente con adscripción finalista a la Seguridad Social, lo que implica no renunciar a un sistema tributario progresivo como quiere la Constitución. Y en el corto plazo la lucha por no reducir los niveles salariales (que es lo que esconden las propuestas tramposas de ligar salarios y productividad) es de vital importancia porque, no solo afecta a las rentas salariales de cada trabajador individual, sino que, dado el sistema de cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación, afectará a la cuantía de esta última y, de paso, a los recursos de la Caja Común del Sistema.

Joaquín Aparicio Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Publicat a: nuevatribuna.es 14.02.2011

Productividad, salarios e inflación en el Pacto de Competitividad Europeo

La actualidad va dejando obsoletos temas, como el Pacto social y económico, sobre los que hace todavía 10 días se concentraban todos los análisis y comentarios. Ahora se ha situado en el primer plano de la actualidad, especialmente coincidiendo con la visita de la Canciller alemana a España, el Pacto de Competitividad europeo y, en especial, la propuesta de desvincular la negociación de los salarios de los incrementos de los precios, demandada, entre otras cosas, por la Sra. Merkel como condición para ampliar el Fondo de rescate de la Unión Europea.
Como ya hemos comentado en anteriores ocasiones, las orientaciones de la nueva gobernanza europea exigen reformas sociales radicales en el campo de las pensiones, del mercado de trabajo, de la protección por desempleo. Y también de los salarios. En relación con este último punto, se quiere establecer un control preventivo de los incrementos salariales, estableciendo un indicador al respecto. Y se prevé que la Comisaría de Economía y Hacienda pueda dictar orientaciones correctoras al tiempo que se propugna privilegiar los convenios en el ámbito de la empresa.
Ahora, con el proyecto del Pacto de competitividad se concretan dos nuevas medidas. De un lado, la desvinculación de las subidas salariales de la referencia del índice de precios, proponiendo que los salarios evolucionen (aumenten, se congelen o se contraigan) conforme al incremento de la productividad. Y la segunda propuesta que ha emergido – dentro de un conjunto más amplio de medidas – es la de establecer un tope al déficit público en las Constituciones nacionales.
Digamos de pasada que en tal Pacto de competitividad también se plantea aumentar la edad de jubilación de acuerdo con la evolución demográfica. Una demanda que ya se recoge en el pacto de pensiones español con la denominada “cláusula de sostenibilidad”, cuyo contenido supone el establecimiento de un mecanismo de reforma permanente para adecuar/ reformar los parámetros del sistema (edad de jubilación, período de cálculo, etc) conforme aumente la esperanza de vida a los 67 años, de tal manera que la proporcionalidad entre cotizaciones y prestaciones se mantenga en permanente equilibrio. Casi como si fuera un sistema de capitalización.
En términos políticos generales, el Secretario General de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), John Monks, es quien ha dicho más alto y claro lo que le parece el modelo de gobierno económico que se quiere imponer en la UE. En carta dirigida al Comisario Olli Rehn, en relación con la intervención de los representantes de la Comisión Europea en temas de incrementos salariales en Irlanda, con motivo de su plan de rescate, dice Monks que “las propuestas sobre la gobernanza económica de la Unión recuerdan en cierta forma a las disposiciones sobre las reparaciones o castigos del Tratado de Versalles, y reducen a los Estados a un estatuto cuasi colonial”. Monks señala, así mismo, en un comunicado del pasado 4 de febrero, que “en lugar de establecer un tope al endeudamiento en las Constituciones nacionales, sería mejor que los países se inspiraran en el reconocimiento de las negociaciones colectivas y de los interlocutores sociales como sucede en la propia Alemania”. Europa, termina Monks, “corre el riesgo de colisionar con su modelo social y con el principio fundamental de la autonomía de la negociación colectiva”.
Es evidente que la propuesta de no vincular los salarios con la inflación, mediante cláusulas de revisión salarial, pretende rebajar los salarios y aumentar las diferencias salariales.
De entrada, y en términos agregados, la idea de que los salarios aumenten tanto como la productividad suena positiva. En los últimos 25 años los salarios en Europa han crecido la mitad que la productividad y han perdido más de 11 puntos de participación en la distribución funcional de la renta. La propuesta de vincular los salarios a la productividad sería beneficiosa para los trabajadores si, en realidad, se estuviera hablando de salarios reales. El aumento del valor sobre el PIB es la suma de los precios más la productividad. Lo que es importante es saber como evolucionan los costes laborales unitarios reales. De tal manera que si estos crecen es que los salarios reales crecen más que la productividad y por lo tanto la nueva distribución de la renta es favorable a los trabajadores.
Pero la propuesta no está hablando de salarios reales sino de salarios nominales y, por eso, tiene trampa. No está pensada para que los salarios crezcan tanto, o más, que la productividad - que es la única manera de que no pierdan participación en la distribución funcional de la renta - sino para que crezcan menos que el excedente empresarial y pierdan posiciones en el reparto de la tarta nacional.
El resultado concreto que se pretende con la propuesta, como explícitamente lo manifiesta el Banco de España, es que se eliminen las cláusulas de revisión.
El que los salarios crezcan, al menos, tanto como los precios – precios que establecen los empresarios, precios que son los que realmente marcan la competitividad, y de los que los salarios son uno de sus componentes - asegura a los salarios no perder poder adquisitivo. Pese a que luego el excedente se viene distribuyendo en los últimos treinta años a favor de los beneficios y en contra de los salarios.
Desde el Acuerdo Marco Interconfederal de 1980, cuya filosofía emanó en este punto de los Pactos de la Moncloa, en España se produjo un cambio radical en el enfoque de la negociación de los salarios. Con anterioridad al Acuerdo, las reivindicaciones salariales se establecían sumando a la inflación pasada la previsión del incremento de la productividad del sistema. Tras el Acuerdo, los salarios se han venido negociando sobre una previsión de inflación pactada o aceptada, con una cláusula de revisión – que no es automática, sino que tiene que ser pactada en los convenios – y que actúa en el supuesto de que los precios sobrepasen la previsión. Además, se deja abierta la posibilidad de negociar los incrementos de productividad, es decir la diferencia entre lo producido y los costes para producirlo.
Tal sistema ha contribuido a reducir fuertemente la inflación, a mantener la demanda agregada, a pactar vigencias de los convenios más largas y a no individualizar la negociación colectiva. Un cambio de sistema implicaría, en la práctica, volver a negociar sobre inflación pasada y a hacer mucho más ingobernables las relaciones laborales y los incrementos salariales. Una posible consecuencia de ello es que las reivindicaciones salariales se dispararan, arrastradas por los sectores y empresas con mayor capacidad de presión. Otra, de signo contrario, es que nuestros salarios, que ya figuran, en términos reales, entre los más bajos de la UE, se redujeran aún más, como consecuencia de que, al final, todo quedara como ahora pero sin cláusulas de garantía salarial.
Como ya he señalado anteriormente, bajo todo este discurso lo que, en realidad, se pretende es pura y simplemente eliminar las cláusulas de revisión de los salarios.
Hay que decir, de pasada, que no es cierto que España sea un residuo ni el único reducto donde existan cláusulas de garantía salarial. Y menos aún que el nuestro sea una isla entre los países en los que se negocian los salarios en función del índice de precios. Lo que pasa es que en muchos países lo hacen en función de la inflación pasada, con lo que no necesitan cláusula de garantía salarial. Quizá el Banco de España prefiera ese modelo.
Por otra parte, la experiencia demuestra que en nuestro país las empresas son absolutamente reticentes a negociar la productividad. Por la sencilla razón de que ello implica dos cosas: transparencia, es decir, enseñar las tripas de la empresa y, dos, dar un gran poder a los trabajadores en la definición de los factores que influyen en la productividad del trabajo. En el Acuerdo Marco Interconfederal que UGT y CEOE firmaron en 1980, se incluyó un capítulo sobre Productividad en el que se decía que las partes consideran que los principales factores que inciden sobre la productividad son: La política de inversiones; la racionalización de la organización productiva; la mejora tecnológica; La programación empresarial de la producción y la productividad; El clima y la situación de las relaciones laborales; Las condiciones y la calidad de la vida en el trabajo; La política salarial y de incentivación material.
En realidad no se produjo ningún acuerdo sobre productividad, por la sencilla razón de que a las empresas no les interesaba en absoluto que los sindicatos entraran a saber y a debatir sobre tales cuestiones.
Una consideración final. Resulta extremadamente paradójico que, actualmente, la Comisión y el Consejo Europeo pretendan dictar las posiciones de los Estados miembros en materias que, como las pensiones, la política laboral o salarial, no son de la competencia de la UE. Todo ello, sin que, al menos, hubiera una negociación, y si fuera posible un acuerdo, previos con los interlocutores sociales europeos.

José María Zufiaur

Publicat a:

Nueva Tribuna, 11 febrero 2011

Estrabisme amb les pensions

La reforma de la Seguretat Social compta amb un ampli acord social i polític però amb menys suport ciutadà. La raó d'això pot estar en com el Govern l'ha justificat i en com ha fixat el marc del debat. Al tornar del Consell Europeu del maig, es va vincular la reforma de la Seguretat Social a la crisi, quan els seus comptes tenen superàvit i un fons de reserva de 64.000 milions d'euros. Per fer mèrits reformistes davant dels mercats i forçar el ritme i la intensitat dels canvis, es van exagerar unes incerteses que, tot i ser certes, eren governables a mitjà termini (2010-2040). I es va recórrer a projeccions parcials i negatives per al 2050-2060, que a tan llarg termini, més que projeccions, són actes de fe.

Aquest plantejament va comptar amb l'ajuda interessada dels que volen substituir l'actual sistema públic per un altre de mixt, en què els sistemes privats de capitalització -fons de pensions- augmentin la seva presència a Espanya. El debat s'ha fet girar simplistament sobre la insostenibilitat del sistema si no s'endarreria la jubilació als 67 anys. El resultat és que, malgrat que la reforma aporta equilibris i millora pel que fa a l'equitat interna, la percepció ciutadana és una altra. A l'espera del text que encara no s'ha aprovat del projecte de llei, podem apuntar-ne alguns dels aspectes rellevants, recordant que l'entrada en vigor de la reforma està prevista per a l'1 de gener del 2013, amb una aplicació transitòria que en uns casos dura 10 anys i en altres arriba al 2027. L'augment de cotitzacions d'alguns règims, per acostar-les als ingressos reals dels cotitzants, suposa afrontar l'anomalia que els assalariats cotitzin una mitjana de 1.700 euros per mes, i els autònoms no arribin a 1.000. Això genera iniquitat, perquè l'esforç més petit dels autònoms es converteix en més solidaritat cap a ells, que en un 41% dels casos perceben pensions amb complement de mínims, quan només un 20% dels assalariats el cobren.

A més a més, aquesta mesura, juntament amb la integració de tots els afiliats en només dos règims amb condicions harmonitzades, la millora de les bases màximes de cotització i l'aportació de l'Estat de 4.000 milions anuals per finançar els complements de mínims, pot millorar els comptes.

La reforma obre pas a una jubilació flexible pròpia d'una societat amb formes de treball que ja no són fordistes i vides laborals que no són clòniques. Amb variables que van dels 15 anys de cotització mínima per accedir a la pensió fins als 38,5 i dels 61 anys d'edat als 67. Amb només 15 anys cotitzats un assalariat es podrà jubilar als 61 si pertany a un col•lectiu que es declari de feina penosa, tòxica o perillosa, o tingui discapacitat.

Els que prolonguin voluntàriament la jubilació més enllà de l'edat ordinària tindran un increment en la pensió en funció de cada any de retard i dels anys cotitzats. Es manté la jubilació anticipada als 61 anys amb coeficient reductor en casos de crisi i s'instaura la voluntària als 63. Es manté la jubilació parcial amb contracte de relleu, encara que se'n desincentiva l'ús amb un augment de les cotitzacions. S'estableix una doble edat ordinària de jubilació: els 65 anys actuals amb 38,5 cotitzats i els 67 anys amb 35 de cotització. Aquest canvi es farà gradualment des del 2013 fins al 2027.

S'introdueix la cotització per a treballadors becaris o amb contractes o programes formatius que avui no cotitzen i el còmput com a cotitzats de nou mesos per a la mare o el pare per naixement o adopció d'un fill si se'n fan càrrec i no cotitzen en aquest període.

L'ampliació progressiva, els pròxims deu anys, del període de càlcul de 15 a 25 anys té conseqüències diferents depenent de la vida laboral de cada persona. Per a carreres amb cotitzacions estables, l'impacte és pràcticament nul. Per a aquells les cotitzacions dels quals hagin crescut els últims anys per sobre de la inflació, es redueixen les seves expectatives de pensió en percentatges que poden arribar al 5%. I per als que estiguin desocupats en l'etapa prèvia a la jubilació, el canvi els millora significativament les pensions.

La gran incertesa és l'impacte en els joves, que no depèn de la Seguretat Social sinó del mercat de treball. Si no es crea ocupació i s'insisteix en la precarietat i a menysprear la formació i la seva retribució, la discriminació dels joves en la feina es reproduirà en la jubilació. Les reformes reduiran el ritme de creixement dels recursos destinats a pensions i, en alguns casos, redueixen les expectatives de pensió. Però també hi ha mesures que minimitzen l'impacte de la reforma i milloren l'equitat per a alguns col•lectius.

No obstant, sembla que la percepció ciutadana no és positiva. I durant els pròxims mesos podria passar com en les enquestes sobre la crisi. Si es pregunta si la reforma retalla drets en general, una majoria pot contestar que sí i aquestes mateixes persones poden contestar a la següent pregunta que a elles no els suposa cap retallada. Aquesta pot ser la conseqüència d'haver estat estràbics políticament durant mesos, amb un ull mirant cap a les bases socials i un altre cap als mercats.

Publicat a. EL PERIÓDICO, Dimecres, 9 de febrer
Joan Coscubiela Professor de Dret Laboral. Facultat de Dret d'ESADE

ACORD DE REFORMA DEL SISTEMA DE PENSIONS: ALÈ PER CONTINUAR LLUITANT.

Davant la Reforma Laboral i l'atac al nostre sistema de pensions per part del lobby financer que el pretenia privatitzar i un Govern de l'Estat gairebé sotmès al seu dictat, el nostre sindicat va respondre una vaga general i nombroses mobilitzacions a tot l'Estat. Gràcies als milers de persones que hi varen participar, el partit que sustenta el Govern central va assistir a una davallada important en les seves expectatives de vot davant els propers compromisos. Així les coses, el Govern va plantejar la necessitat d'arribar a negociar un acord social abans d'emprar la via directa parlamentària, com ja va fer en el cas de la Reforma Laboral, per donar pas al diàleg social ...i la pilota va queda penjada en la teulada del nostre sindicat.

Enfront la disjuntiva de acudir o no a la negociació, la resposta sindical no podia ser altra que l'afirmativa: no podem deixar en mans de la patronal la decisió, i més quan  el mateix Govern ja havia anunciat la seva proposta de fer un retall lineal en la despesa de les pensions que afecten als treballadors i treballadores del "Règim General". No accedir al diàleg social  suposava obrir la porta de bat a bat a un model de capitalització obligatòria i individual per cada treballador o treballadora, afavorir els sistemes privats de jubilació, rompre amb el "Pacte de Toledo", introduir la jubilació única als 67 anys, llevar altres modalitats com la jubilació parcial anticipada, etc. Per tant, com a mostra de responsabilitat davant la classe treballadora que, en cas de no emprar la via del diàleg patiria un infern pitjor, iniciarem el procés de diàleg tot i que sabíem que res ens seria fàcil.

Finalment, el resultat de la negociació ha permès...

-          Blindar el sistema públic de repartiment com únic model de pensions, front quins pretenien substituir-lo per un "mixt" amb capitalització obligatòria, on tenen més a perdre els treballadors i treballadores amb una vida laboral més precària.

-          Garantir el paper dels treballadors i les treballadores, a través del sindicats, en el govern de les Pensions, en contra de les pretensions d'una bona part del lobby financer que pretenia minimitzar -o fins i tot eliminar- el paper negociador dels sindicats en el disseny de les reformes socials.

-          Anular la prensió inicial d'una única edat de jubilació als 67 anys per dues edats de jubilació als 65 i als 67 relacionades amb els temps de cotització, segons la determinació de cada treballador i treballadora.

-          Crear una nova regulació del dret a la jubilació basada en la figura de la "jubilació flexible". Així, a partir d'ara, conviuran diferents edats d'accés a la jubilació (de 61 a 67 anys) en funció del temps de cotització i la situació professional de cada treballador o treballadora.

-          Garantir l'accés a la jubilació anticipada als 61 anys als treballadores i les treballadores que han perdut la seva feina  per expedients de regulació,  acomiadaments col·lectius, etc.

-          Ampliar el dret de jubilació anticipada als 63 anys de forma voluntària, sense cap intervenció de l'empresari.

-          Millorar l'accés a coeficients reductors de l'edat de jubilació per a feines especialment penoses, insalubres, perilloses o tòxiques.

-          Mantenir la jubilació parcial, tot i que a partir dels 63 anys i amb 38,5 anys cotitzats.

-          Mantenir el dret a la pensió amb un mínim de 15 anys de cotització. Amb només 15 anys de cotització correspon el 50% de la Base Reguladora i amb 37 anys el 100%.

-          Millorar els períodes reconeguts com a cotitzats en relació a la natalitat. Es reconeix 9 mesos per cada fill fins un màxim de 2 anys, sempre que amb aquest període pugui servir  per arribar als 65 o 67 anys de cotització a l'hora de la jubilació.

-          Ampliar també a 3 anys el període cotitzat per excedència per cura de fills i filles.   

-          Millorar els períodes reconeguts com a cotitzats a joves becaris.

-          Integrar els Règims especials agraris i de treballadores de la llar, tot i que no serà efectiu fins la llei que reguli aquesta integració.

-          Millorar les Bases de Cotització del Règim d'Autònoms.

-          Aturar la pretensió del Govern Central d'ampliar el període de càlcul fins arribar a tota la vida laboral, tot i que passa de 15 als 25 darrers anys cotitzats. 

Respecte a l'argumentació –que sovint s'escolta- que l'ampliació del període de càlcul de cotització de 15 a 25 anys suposarà necessàriament una davallada de la pensió, es necessari recordar que tot  depèn de les situacions personals segons les bases de cotització, la revalorització dels salaris d'acord o no a l'evolució de la inflació, etc. Així, l'ampliació pot donar efectes positius  per a treballadors i treballadores que més han patit regulacions a la baixa del seu salari, pèrdues d'ocupació, etc. Per posar un exemple, en casos on la base de cotització fos d'un punt percentual per davall de la inflació, amb el nou període de càlcul la base reguladora de la seva pensió creixerà en un 5,1% respecte de la fórmula anterior al nou Acord.

A pesar de tot el que queda dit, no ens sentim del tot satisfets amb l'acord signat. A pesar dels avanços aconseguits i de determinats retrocessos puntuals, només hem aconseguit aturar, ara per ara, una màquina compactadora  que volia posar el punt final als nostres drets, drets que varem aconseguir amb molta lluita i fins i tot sang. Potser no ens hem sortit del tot indemnes... però encara estem vius i amb capacitat de continuar lluitant.

7 de febrer 2010.

FE-CCOO Illes Balears.