dissabte, 6 d’agost del 2011

Tres lecciones después de Fukushima


Pocos días antes del accidente de Fukushima, los defensores de la energía nuclear clamaban por reabrir el debate nuclear centrado en la necesidad de un “renacimiento nuclear” en España. Son los mismos que, primero, minimizaron el accidente, después dieron garantías sobre su evolución que el tiempo ha desmentido y concluyeron advirtiéndonos de que no era el momento del debate

No pretendo editorializar sobre los problemas de la energía nuclear y la necesidad de fijar ya el horizonte de cierre de las plantas españolas, pero sí traer aquí tres de los argumentos que el accidente ha puesto de actualidad:

En primer lugar, una de las consecuencias del accidente de Japón ha sido la ruina de la empresa TEPCO, propietaria de la central, y la consiguiente traslación al conjunto de la sociedad de la factura de reparación y compensación de daños. Los defensores de la energía nuclear han negado siempre la probabilidad de un accidente de estas características, pero al mismo tiempo se han esforzado en garantizarse una responsabilidad económica limitada y no han encontrado entre el capitalismo del bono basura ninguna aseguradora que cubra una póliza para este riesgo.

El argumento recurrente usado por los pro nucleares es el alto grado de exigencia en seguridad a que se somete a las plantas en un país “avanzado”. Después de Fukushima sabemos que en Japón los controles no fueron todo lo exigentes que debían, y que existió complicidad entre operadores y poder político, porque la capacidad de condicionar e influir de las grandes compañías energéticas a los poderes públicos es enorme.

No creo que este sea sólo un mal japonés. En otro ámbito –las finanzas– se ha puesto de manifiesto que los controladores no desempeñaron su labor, que trabajaron para favorecer a los que debían controlar. Una industria tan fundamental como la energética, tan dada a contratar expresidentes y exministros, cantera de administradores públicos tiene tanto o más poder de influencia que la banca. Mejor evitar el riesgo de un débil control del riesgo nuclear. Los test de la Unión Europea sólo refuerzan el temor de que los controles no han sido exigentes al máximo. ¿Cuánto tiempo podremos estar seguros de que lo son?

Por último, conocida la decisión del Gobierno de Alemania de abandonar completamente la energía nuclear en 2022 y que las ocho centrales desconectadas se quedarán así, los adalides de la energía nuclear han corrido a señalar que eso supondrá un encarecimiento de la factura eléctrica en un 6% más que ahora.

No sé que rigor tiene ese cálculo, entre otras cosas porque nadie puede saber el precio del petróleo, el gas o el rendimiento de las renovables en los años por venir. Sin embargo, me gustaría poder calcular cuanto ahorrará Alemania por la gestión, durante miles de años, de los residuos que así evitarán.

En todo caso, sé que en Alemania, Merkel ha cambiado su posición porque no hacerlo la abocaba al fracaso electoral. Pero ¡claro!, para que ser pronuclear tenga un coste en las urnas es necesario que exista la papeleta de una opción claramente antinuclear.

Llorenç Serrano Secretario confederal de Medio Ambiente de CCOO
PUBLICAT A: nuevatribuna.es 04.08.2011

dijous, 28 de juliol del 2011

El 15M: El valor de una alianza intergeneracional


José Saramago murió el 18 de junio de 2010. Sus últimas palabras quedaron escritas en la entrada de su blog, con el sugerente título Pensar, pensar: “Creo que en la sociedad actual nos falta filosofía. Filosofía como espacio, lugar, método de reflexión, que puede no tener un objetivo concreto, como la ciencia, que avanza para satisfacer objetivos. Nos falta reflexión, pensar, necesitamos el trabajo de pensar, y me parece que, sin ideas, no vamos a ninguna parte”.


28-07-2011 - Antoni Gutiérrez Rubí.-
El 15M nos ha hecho pensar, pero no puede explicarse sin la influencia moral y espiritual de nuestros mayores, de nuestros referentes éticos. La importancia de Saramago, entre otros, en parte de la generación joven que ha protagonizado la #spanishrevolution es incuestionable. En 2004 escribía Ensayo sobre la lucidez, un texto que explora los límites de la democracia, con una apología del voto en blanco, y que anticipa buena parte de las reflexiones que sustentan la mirada crítica al sistema de representación democrática de nuestras sociedades.
En buena parte de la opinión pública española se ha consolidado la convicción de que los dirigentes políticos actuales no tienen la densidad moral y ética imprescindibles para el ejercicio de una política que sea capaz de sobreponerse a la resignación, al determinismo económico que imponen los mercados, y al desgarro social que suponen las consecuencias dramáticas de la crisis. Existe, quizás, la percepción de un fracaso generacional. En este contexto, los viejos referentes morales han ocupado el espacio vacío de la política convencional.
En octubre de 2010, Stéphane Hessel, de 94 años, publicó su famoso ensayo “Indignez-vous!”. El éxito de este texto tiene que ver con lo que se dice, y con quién lo dice. Hessel es el último protagonista vivo de la redacción de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y ex líder de la Resistencia. Un héroe de guerra. Un héroe moral.
En enero, ¡Indignaos! llegó a España y, otro admirado senior, le hacía el prólogo: José Luis Sampedro. Saramago, Hessel, Sampedro… (a los que hay que añadir el prestigio intelectual y reputacional de otros mayores como Eduard Punset, Manuel Castells o Federico Mayor Zaragoza) han sido las voces morales que han sustentado la consistencia rebelde del 15M. Voces comprometidas.
La coexistencia generacional de (muy) mayores y (muy) jóvenes en las plazas, en las acampadas, así como el respeto y la admiración que “los abuelos de la boina”[1] han conseguido entre los acampados, se han visto reflejados durante todo este tiempo. El 15M es una respuesta de rebeldía cívica protagonizada, no exclusivamente, por jóvenes que han sido comprendidos por sus abuelos -ante el desconcierto de sus padres- e ignorados por sus representantes.

El futuro del 15M

El movimiento continuará aunque no continúen –o no se consoliden- las personas y las organizaciones que han cohesionado de manera viscosa la naturaleza de este movimiento. El 15M representa un estado de ánimo. También unas convicciones y unas propuestas diversas, plurales, incluso contradictorias. Su victoria es la energía social que ha liberado entre la ciudadanía que ha descubierto que puede, quiere y sabe hacer política sin partidos (y sin sindicatos).
Todo ello se ha producido en un contexto de cambio de escala, de cambio de potencia. Podemos hablarle al mundo. La distancia entre pensar, decir y hacer ha sido solo de un clic en las redes. Pensar que no estoy de acuerdo, decirlo, hacerlo. Pasamos de un mensaje SMS, de un mensaje bidireccional privado, casi enclaustrado, a un mensaje abierto y global. Este es el cambio.
Las primeras reclamaciones de las acampadas han sido en relación a la Ley electoral. En el fondo lo que se pide es otra manera de hacer política, desde el convencimiento que siendo más representativa, más horizontal, más próxima, más transparente… será capaz de tener la autonomía y la fuerza para hacer frente a la crisis económica.
Muchos líderes políticos de diferentes niveles de representación y de posición se preguntan: ¿Qué representan? ¿Qué quieren? ¿Quiénes son? ¿Con quién se tiene que hablar? Son las preguntas equivocadas. No es relevante quiénes son. Son mucha gente y muy diversa. Quieren muchas cosas y pocas, pero lo importante es saber escucharles, hablar, dialogar. Representan a mucha más gente de la que ha salido a la calle y a mucha más gente de la que ha acampado. Simbolizan una tarjeta amarilla casi roja a la clase política, a los partidos y a su manera de actuar. Una tarjeta más y expulsados; eso es lo que deberían entender.
Nunca como hasta ahora había sido tan clara la necesidad de una alianza intergeneracional para recuperar la política, su sentido y su utilidad. Nuestros mayores han hablado claro y libremente, propinando un azote moral e intelectual a nuestras conciencias, mientras los jóvenes han tomado el relevo con un corte de mangas a las formas y al fondo de la política formal. En medio, nos hemos quedado la mayoría, perdidos e incapaces de asumir nuestra responsabilidad.
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[1] Entrevista a Francisco Román Otero: “La juventud del 15-M, sin saberlo, ha logrado lo que no pudimos hacer nosotros: la ruptura del sistema” (Público, 9.06.2011)

diumenge, 3 de juliol del 2011

Los sindicatos deben meterse en política

Luis García Montero

Cada vez está más claro que la crisis económica es también una crisis cultural. Se han impuesto unas corrientes de opinión que recortan o rompen algunos de los valores fundamentales de la vida en comunidad. Cuando una empresa que aumenta sus ganancias en un 30% anuncia el despido de miles de trabajadores para impulsar sus beneficios, no responde a un problema de dinero, sino a un problema cultural (esa mancha de ideología que esconde la ciencia económica).

Los sindicatos, como última barrera contra el predominio absoluto del neoliberalismo, están pagando una factura alta en esta crisis. Una organización sindical necesita llevar las discusiones teóricas sobre la libertad de los mercados hasta la realidad concreta de las empresas. Necesita recordarle a la sociedad que las empresas no sólo se definen por saldos de beneficios, sino también por el capital humano de sus trabajadores. Pero un esfuerzo que intenta situar los valores abstractos de la libertad en las situaciones reales de la sociedad y que no admite el aumento de beneficios como único horizonte, entra de inmediato en conflicto con el pensamiento dominante. Si a esto le añadimos la precariedad laboral y el descrédito de la propia idea de organización colectiva en una cultura marcada por la soledad de los miedos y las avaricias, comprenderemos mejor la dificultad de resistencia del movimiento sindical.

A la hora de hacer un análisis del sindicalismo, el problema no es que los sindicatos mayoritarios hayan tenido que aceptar en sus negociaciones con el Gobierno y los empresarios, para evitar catástrofes mayores, algunos acuerdos que suponen una pérdida real de los derechos laborales y de las condiciones sociales de los trabajadores. El verdadero problema es que si hubiese que negociar de nuevo estarían obligados a aceptar unos acuerdos parecidos.

No es lo mismo una negociación laboral que un programa político. En la negociación laboral entran en juego cien detalles que afectan de inmediato a la vida cotidiana de muchas personas, a sus realidades de salario, derechos y jubilación, y a las propias condiciones de lucha de la organización. Las renuncias en la negociación dependen de la correlación de fuerzas y de la importancia de las cosas que pueden estar en peligro. Un partido político, por el contrario, debería cumplir con su deber al defender el programa con el que se ha presentado a las elecciones. ¿Y cuál es en este sentido el panorama? El PSOE, que no fue votado para defender la ideología neoliberal, forma parte de las presiones de los mercados financieros y de los rumbos de la derecha europea. Y la izquierda real tiene una presencia tan débil en el Parlamento que no puede evitar las grandes decisiones políticas tomadas por las fuerzas mayoritarias, casi con aire de consenso nacional, contra los sindicatos.

Hay un agravante más. Como la debilidad facilita la caída en el puritanismo del dogma y la marginación, algunos representantes de la izquierda acaban huyendo de la interpretación de la realidad. Más que analizar las condiciones históricas del trabajo sindical, se dedican a llevar la discusión a los terrenos moralistas de la traición o la pureza. Resulta desoladora la zafiedad de algunos líderes comunistas que utilizan, por ejemplo, el concepto de liberado sindical como un insulto, coincidiendo de pleno con la derecha mediática. Y ese es otro gran problema para los sindicatos: la confusión del poder mediático en manos de una derecha económica agresiva, dispuesta a desprestigiarlos con calumnias e informaciones torticeras.

En este panorama, los sindicatos deben meterse en política si no quieren seguir en el camino suicida del voto útil al PSOE como mal menor. Meterse en política no significa que ellos entren en un partido, perdiendo su independencia para aplicar las consignas decididas por otros. Los ejemplos existentes no son alentadores. Entrar en política significa quitarse grasa, volver a las empresas, analizar sus ausencias, tomar la calle, asumir el conflicto y participar con todas sus fuerzas en la creación de una nueva cultura social y organizativa dispuesta a romper el totalitarismo neoliberal. Las palabras comunidad y participación frente a la lógica egoísta de los beneficios solitarios.
Publicat a PÚBLICO 03.07.2011

divendres, 1 de juliol del 2011

Sí, pero no

Antonio Gutiérrez Vegara *

El pasado 22 de junio se sometió a votación en el Congreso la convalidación del decreto sobre reforma de la negociación colectiva. Pero la impericia del Gobierno propició que con el voto se dilucidara otra cuestión: su propia supervivencia. Tanto el PP como los nacionalistas habían decidido el día anterior abstenerse respecto del decreto y promover su posterior tramitación como ley. Sin embargo, una vez hubieron percibido que el Gobierno mismo vinculaba su suerte a la aprobación del decreto, empezó el baile. Los tres grupos pasaron al voto negativo, pero vascos y catalanes, tras bailar con los populares la mayor parte de la sesión, terminaron cambiando de pareja en el último instante y retornaron a la abstención, previo pago por el Gobierno de un alto precio sin reparar en sus consecuencias; como los que se entregan cuando se está entre la bolsa o la vida.
El decreto aprobado en el Consejo de Ministros ya empeoró el borrador que unas horas antes se había comentado con los sindicatos, de tal forma que los patronos tendrán, entre otras prerrogativas, las de aplicar en sus empresas salarios por debajo del sueldo base fijado en el convenio sectorial de referencia, pagar menos por las horas extraordinarias, redistribuir la jornada laboral y las vacaciones, adaptar a su antojo el sistema de clasificación profesional y las modalidades de contratación; segmentar a las plantillas con convenios por franjas de empleados, lo que se traducirá en modificaciones regresivas de las condiciones de trabajo. Y si tenemos en cuenta que el 92% de las empresas españolas tienen menos de 50 trabajadores podemos imaginar el desequilibrio de fuerzas a favor del empresario que la reforma va a comportar.
Abaratando costes salariales y endureciendo las condiciones de trabajo, podrán algunas empresas elevar la productividad por cabeza ocupada, pero raramente optarán por crear ni un solo empleo más, y menos aún mejorarán la productividad por hora trabajada con nuevas inversiones de capital, que es la que a fin de cuentas nos procurará una competitividad más solvente y sostenible, ya que las ganancias de competencia en precios son un espejismo que se difumina cada vez más rápidamente en un mercado mundializado al que acceden países emergentes con precios y salarios más ventajosos. En definitiva, no es una reforma equilibrada que dota de mayor flexibilidad interna a las empresas a cambio de mayor participación de los trabajadores, sino una clara desregulación de las condiciones laborales, que descuartiza la negociación colectiva y fragiliza los derechos. Un nuevo destrozo que se suma al de la reforma laboral del año pasado, que enlugar de empleos sigue produciendo precariedad laboral, y basado también en falsos estereotipos sobre la rigidez de nuestras instituciones laborales machaconamente agitados.
El descuelgue salarial es posible en España desde hace 30 años, con más amparo legal en el Estatuto de los Trabajadores que las cláusulas de revisión salarial, basta con una mínima acreditación por parte del empresario sobre las dificultades económicas de su empresa, y que la Comisión de Seguimiento del Convenio en el que esté encuadrada lo avale, es decir, con elementales dosis de transparencia y participación de los afectados. Ni por el derecho laboral vigente ni por hechos constatables se puede presentar una sola empresa que haya tenido que cerrar porque le obligaran a pagar salarios inasumibles; sin embargo, sí son habituales los casos de plantillas enteras que aceptan congelación y/o reducciones de sus salarios durante uno o más ejercicios para evitar la quiebra de la empresa y pérdidas de empleo, aunque tales sacrificios hayan sido defraudados en más de una ocasión.
La racionalización de la estructura de la negociación colectiva para articularla mejor entre las empresas y los sectores la pactaron autónomamente las confederaciones patronales y sindicales en 1997; pero las propias cúpulas empresariales de la época reconocieron sus dificultades para sortear los intereses creados de sus sectoriales y territoriales en los viejos convenios provinciales. También entonces acordaron la Solución Extrajudicial de Conflictos Colectivos, dotándose de un Servicio de Mediación y Arbitraje y renovando sus criterios de funcionamiento puntualmente cada cuatro años, de forma tal que allí donde se aplica, más en empresas que en sectores, no hay que esperar 8 ni 14 meses para superar bloqueos negociales como impone la reforma recientemente decretada, sino cinco desde la constitución de las mesas de negociación.
Durante el reciente proceso de diálogo social abortado por la actual dirección de la CEOE han rechazado la propuesta de CC OO y UGT de darle eficacia directa a dicho acuerdo para que pudiera extenderse sin más dilación a todos los sectores y territorios, ya que son sus patronales afiliadas las que en importantes ramas de actividad se siguen negando a los procesos de mediación y arbitraje voluntarios.
Ahora el Gobierno le ha puesto a su alcance un arbitraje obligatorio (posiblemente inconstitucional), con tal de zafarse de su deber de negociar durante unos cuantos meses. Ese deber, esencial en unas relaciones laborales democráticas, se sustancia precisamente gracias a la ultractividad de los convenios, para que ni el empresario crea que puede hacer tabla rasa de las condiciones fundamentales de trabajo acordadas libremente cada vez que vence el convenio, ni los representantes sindicales se atrincheren en demandas desmedidas sin asumir la responsabilidad de la congelación salarial de sus representados.
Pero el colmo ha sido ceder ante los grupos nacionalistas que los convenios autonómicos puedan prevalecer sobre los nacionales. De un plumazo se rompe la unidad de mercado, se introduce una considerable inseguridad para inversores propios y foráneos, pueden convertir en papel mojado los Acuerdos Interconfederales que tan decisivos han sido para moderar el crecimiento de los salarios y suponen un injustificable debilitamiento de la capacidad contractual de las grandes centrales sindicales más representativas y democráticas, UGT y CC OO, quienes por cierto siempre han sido y son vectores de primer orden en la vertebración social y económica de nuestro país.
De la magnitud del desaguisado nos ha dado una idea el portavoz del grupo nacionalista vasco cuando ha venido a decir que jamás había soñado con obtener una reivindicación tan histórica del nacionalismo tan fácilmente. El más difícil todavía le rebota al candidato socialista, ya que sin un serio y verificable compromiso de rectificar estos dislates no tendrá fácil recabar apoyos entre las afiliaciones de UGT y CC OO sin que parezca probable que pueda compensarlos con el de los sindicatos ELA-STV, próximo al PNV, y el abertzale LAB. Por otra parte, a quienes piden mejorar la democracia se les responde, más allá de algunas palabras complacientes, con su deterioro donde más les duele, en el espacio donde se ventilan sus condiciones de vida y de trabajo, en la negociación colectiva, que a fin de cuentas es el corolario de la democracia industrial.
Pactar para arrimar el hombro ante retos comunes engrandece a la política, pero urdir cambalaches que aprovechan a quienes siempre barren para casa la envilece. Por no hacerles el juego a estos últimos y por lealtad al Gobierno que apoyo, voté la convalidación del decreto aun estando en contra; pero a la vista del apaño final, que no conocí hasta después de la votación, y convencido de que no servirá para salir del bache económico y de que aún acentuará más el fracaso político, quiero dejar claro mi rotundo no.

* presidente de la Comisión de Economía del Congreso.

Publicat a EL PAÍS de 01/07/2011

dimecres, 29 de juny del 2011

15M y sindicalismo: confluir desde el respeto


Manel García Biel

Mi amigo y maestro sindical José Luis López Bulla ha publicado, en su blog y en Nueva Tribuna, un interesante artículo sobre la relación del movimiento sindical y el del 15 M. A propuesta suya entro a efectuar una serie de apreciaciones y/o consideraciones entorno del tema de su artículo.
En primer lugar, personalmente, siento no compartir el optimismo de José Luis. El afirma que ambos movimientos plantean reivindicaciones objetivamente semejantes y ello comportaría la existencia de una no explicitada unidad de acción. Siento no poder compartir el optimismo de José Luis, a pesar de que ya me gustaría... Desde mi punto de vista quisiera plantear una serie de consideraciones respecto a esta relación.
En primer lugar no se puede dudar de que el movimiento del 15M ha evidenciado la existencia de un síntoma claro de insatisfacción social ante la evolución de la actual crisis y la forma en que se ha abordado políticamente. La gente de Democracia Real Ya! y otros grupos han tenido el don de la oportunidad al hacer aparecer un amplio sentimiento crítico existente en amplias capas sociales. Es un mérito que nadie va a discutirles.
Es evidente también que al margen de los convocantes, una importante porción de la ciudadanía se ha movilizado o como mínimo ha simpatizado con los planteamientos de regeneración política y social que se han planteado por parte del movimiento 15M.
Asimismo el movimiento del 15M ha tenido el acierto de hacer que sus planteamientos hayan sido recogidos de forma amplia también por parte de los medios de comunicación convencionales.
Cabe decir que muchos de sus planteamientos, relativos a la necesidad cambios en la Ley electoral para salir de una democracia avejentada y bipartidista, a la necesidad de que los culpables de la crisis, el sector financiero y la clase política paguen sus responsabilidades, la necesidad de que no vuelvan a ser los de siempre los que carguen con los costos de la misma, etc., han sido temas que no son nuevos en absoluto, que han sido planteados tanto por el movimiento sindical como por opciones minoritarias de la izquierda sin que hayan sido tomadas en cuenta ni por los partidos mayoritarios, ni, y eso es más grave, por los medios de comunicación social.
Hasta aquí creo que coincido con López Bulla. Sin embargo hay aspectos del movimiento del 15M que a mi me preocupan. A pesar de la propia juventud del propio movimiento. La primera cuestión son sus planteamientos de tener verdades absolutas que les llevan a descalificar de forma global a otras formas de actuación o de pensar. Cuando el movimiento 15M descalifica en general y globalmente a los políticos y a la política creo que se equivoca profundamente. Hay políticos y hay política que vienen defendiendo, desde posiciones muy precarias, los mismos planteamientos que ellos ahora parecen haber descubierto. Por eso no creo justa su descalificación y preocupante un cierto sectarismo de quien parece decir “Nosotros somos los únicos que tenemos la razón”.
Más grave me ha parecido la descalificación de entrada del movimiento sindical, que ha sido durante mucho tiempo y prácticamente en solitario el único que ha tenido que hacer frente tanto a la derecha como a las políticas de derecha. Sin olvidar que el objetivo de los sindicatos es defender, lo mejor posible, las condiciones de los trabajadores, pero que no está en sus manos la acción de legislar y gobernar que corresponde a los partidos políticos y a la política.
A título de ejemplo solo querría recordar que en plena apoteosis de la hegemonía de José Mª Aznar, antes de las movilizaciones contra la guerra, el sindicalismo, en plena soledad, le convocó una Huelga General contra “el decretazo” y le dobló la mano. Y que recientemente el 29S el movimiento sindical, contra la mayoría absoluta de la clase política y, vuelvo a destacar por su importancia, de los medios de comunicación convocó con buen resultado una Huelga General contra la Reforma Laboral, y que después ha recogido más de un millón de firmas en una Iniciativa Legislativa Popular para llevar al Parlamento la discusión de nuevo de la Reforma Laboral. En el caso de Catalunya, los sindicatos y movimientos ciudadanos lograron importantes movilizaciones de decenas de miles de personas contra los recortes del Gobierno de la Generalitat.
Quiero con ello decir que me fastidia enormemente ver como se pretende hacer una crítica en la que se pretende institucionalizar a los sindicatos mayoritarios, como si formaran parte de la clase política institucionalizada y que vive al margen de la gente. Por suerte para el movimiento sindical su representatividad sale de los centros de trabajo, y no son sólo las elecciones sindicales, sino que tienen de forma permanente a sus electores a su lado y de forma cotidiana deben dar la cara sobre su actuación.
Duele ver como desde el movimiento del 15M , puede que sólo desde ciertos sectores, pero por parte de quienes aparecen como sus portavoces se hace una critica no sólo asindical sino antisindical. No sólo es su rechazo a mezclarse con el movimiento sindical, pese a que este ha dado su apoyo a sus movilizaciones y muchos de sus militantes han formado el grueso de las movilizaciones. Recientemente algunos sectores del 15M hablan de plantear una Huelga General, al margen de los sindicatos mayoritarios, y yo diría aún más, contra ellos. Jon Aguirre, que decía hablar como portavoz el 15M comento esta posibilidad en la cadena SER y ante la pregunta de si esta convocatoria se haría al margen de los sindicatos mayoritarios contesto de forma clara “Evidentemente”. Posteriormente se han visto planteamientos de buscar la complicidad de algún sindicato minoritario, de esos que José Luis dice que siempre hablan de huelgas generales pero no realizan ninguna, para que les cubriera la convocatoria formal.
Aparte del hecho de que me parece propio del infantilismo izquierdista de siempre el intentar convocar una huelga general desde fuera de las empresas, hay elementos de beligerancia frente al sindicalismo confederal que son preocupantes: El desprecio hacia CCOO y UGT; algunos intentos de agresión a militantes sindicales en Aragón o agresiones a la sede de Barcelona de CCOO, no son elementos que ayuden a preparar una confluencia de unidad de actuación.
Es evidente que a un movimiento joven como es el del 15M le cuesta mantener la homogeneidad e impedir la infiltración de los profesionales de toda la vida, y debemos comprender al movimiento y darle tiempo al tiempo.
Ya me gustaría la confluencia que debería efectuarse a partir del respeto a la autonomía tanto del movimiento 15M como del movimiento sindical. Cuando uno pretende hacer avanzar sus tesis o sus planteamientos lo primero que debe hacer es unir al máximo de posibles aliados, estratégicos y tácticos. Y hasta ahora eso le ha faltado al movimiento del 15M, cuando me refiero a este movimiento hablo de los que lo dirigen o hacen como si lo dirigen, no a la gente que lo ha seguido que creo que está más próxima a los planteamientos que sostengo.
Demonizar a todos los políticos hasta los que de forma minoritaria han venido luchado por los mismos planteamientos que defiende ahora el 15M, demonizar a los sindicatos confederales, creerse los únicos poseedores de la razón capaces de dar bulas o excomulgar a otras organizaciones me parece miope además de sectario.
A pesar de todo, lo que ha logrado el 15M ya es mucho, hacer aflorar socialmente la indignación ante la realidad que nos rodea. Eso ya es muy importante, si logra avanzar en cohesión y alianzas será mucho mejor. Pero de todas formas ya ha hecho una gran contribución a la realidad ciudadana. Querría al efecto realizar un paralelismo con el movimiento contra la guerra de Irak. En su día unas pequeñas organizaciones sociales junto a los sindicatos lograron unas cotas de movilización social de gran impacto incluso a nivel internacional. Sin embargo los protagonistas de las convocatorias contra la guerra no supieron ver que habían acertado a conectar en un momento oportuno con el sentimiento de una gran parte de la ciudadanía, que ese era su valor, pero que la ciudadanía no los seguía a ellos. Tiempo después otras convocatorias efectuadas tuvieron un seguimiento muy minoritario. A pesar de ello las primeras movilizaciones tuvieron su consecuencia y tuvieron mucho que ver con la expulsión del PP del poder. Esperemos que ahora se vaya más allá, pero eso requerirá del 15M madurez, flexibilidad y alianzas con quien persigue objetivos similares.

PUBLICAT A nuevatribuna.es | 28 Junio 2011

dimecres, 22 de juny del 2011

Una democracia secuestrada: consideraciones acerca de la crisis

No nos iremos muy lejos en el tiempo para hablar de lo que ha pasado en este país en otros periodos en los que el pueblo se sintió decepcionado de la clase política y, contrariamente a sus deseos, tuvo que conformarse después con sanguinarios gobiernos militares o corruptos gobiernos oligárquicos. En 1812 –el año que viene se cumplirán dos siglos- España fue uno de los primeros países del mundo en aprobar una constitución liberal, una constitución que nació como respuesta a la invasión francesa pero que también fue hija de la revolución acaecida en ese país veinte años antes y del repudio al absolutismo borbónico. Aún así, aquella norma fundamental reconocía como rey a Fernando VII siempre que mostrase públicamente su acatamiento. Al no haber llegado a ejercer como rey debido a su estancia en Francia bajo el cuidado de Napoleón, en torno a Fernando VII se fue tejiendo una leyenda de bondades que muy pronto él mismo se encargaría de desvanecer con toda contundencia. El 14 de marzo de 1814 regresó a España por Valencia. Requerido por varios diputados a que jurase la Constitución, el rey se negó, apoyándose en las tropas del general Elio para volver a Madrid en olor de multitudes y proclamar de nuevo el absolutismo. Las reformas liberales desaparecieron, se cerraron las universidades y se persiguió brutalmente tanto a los afrancesados como a los diputados de Cádiz. Había llegado “El Deseado”. En 1820, la sublevación de Riego dio pie al Trienio Liberal. En vez de ajusticiar al rey por felón, los revolucionarios le ofrecieron de nuevo la posibilidad de jurar fidelidad a la Constitución, cosa que hizo dejando para la posteridad una de las frases más cínicas de la historia de la infamia: “Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional”. Mientras los liberales intentaban acabar con el antiguo régimen y poner en pie las primeras piedras del nuevo Estado, Fernando VII, que aparentaba acatar la Constitución, negociaba con la Santa Alianza la invasión de España y la restauración del absolutismo, cosa que consiguió en 1823 con la llegada de los Cien mil hijos de San Luis y la colaboración imprescindible de los absolutistas españoles. Entre 1823 y 1833, España se vestiría de nuevo de sangre y de luto en una de las décadas más terroríficas de su historia. A los absolutistas nunca les ha temblado el pulso.

En 1868, al mando del general Topete y al grito de ¡Viva España con honra!, se sublevaron los marineros de Cádiz, la reina Isabel II tuvo que exiliarse y el poder quedó interinamente en manos de los generales Serrano, Prim y Espartero, quienes buscaron por toda Europa un rey constitucional: Amadeo de Saboya. Su reinado fue corto y en 1873 se proclamaba la I República española. La debilidad de la burguesía española, la contraposición de intereses y, sobre todo, la división entre las fuerzas progresistas y la unanimidad entre las moderadas y reaccionarias, hicieron que la República fracasase dando pie a la Restauración borbónica tras los golpes de Estado de Pavía y Martínez Campos. Nacía así un sistema corrupto por esencia que, ideado por Cánovas del Castillo –“es español el que no puede ser otra cosa”, llegó a decir-, sometió a España al gobierno de la oligarquía caciquil para suicidarse con la dictadura de Primo de Rivera. La proclamación de la II República fue acogida por el pueblo español con un entusiasmo pocas veces visto, pero las fuerzas de la reacción seguían tan intactas como unidas y conservaban el poder de facto: Ejército, policía, iglesia y dinero. Las reformas republicanas, que nada tenían de revolucionario, chocaron desde el primer momento con el rechazo frontal y amenazador de quienes siempre tuvieron el poder. De modo que en agosto de 1932 –quince meses después de la instauración del nuevo régimen-, el general Sanjurjo y un numeroso grupo de mandos y oficiales se sublevaron contra la República. El movimiento fracasó y sus dirigentes fueron condenados a muerte o cadena perpetua. Pudo ser una ocasión para cambiar nuestra historia definitivamente, pero los políticos republicanos se negaron a aplicar con rigor la ley a quienes habían atentado contra ella, dando, otra vez, a ojos de los protagonistas africanistas, una muestra de debilidad que pagaríamos todos con creces. Divididas las izquierdas, con las estructuras reaccionarias de socialización intactas y las otras sin terminar de cuajar, con los militares africanistas envalentonados y la oligarquía dispuesta a todo, en noviembre de 1933, gracias a las prédicas de la iglesia, al restablecimiento de las redes caciquiles de “persuasión”, a la situación económica internacional y a la penetración de los monárquicos en el Partido Radical, triunfó la derecha antirrepublicana. La II República empezó a morir en noviembre de 1933, pero todavía le quedó resuello para protagonizar en solitario tras el golpe de Estado 17 de julio de 1936 una gesta que pocos pueblos pueden presentar: Resistir a la división interior, al ataque de los militares africanistas, de los mercenarios marroquíes, a la Iglesia romana, al nazi-fascismo europeo y a la pasividad de las grandes democracias durante tres años. Después, llegó otro deseado, el más sanguinario, mediocre, inculto y dañino de cuantos nos han gobernado: Conviene no olvidarlo para saber de dónde vienen muchos de los problemas que hoy nos atañen gravemente.

Con la nueva restauración borbónica en la persona de Juan Carlos de Borbón y las turbulencias de la transición, es necesario recordar y reconocer lo que costó sacar entonces las cosas adelante, hubo de acometerse una segunda transición en los años ochenta, tras el golpe de Estado de 1981, la que dejase fuera de juego a las personas y partidos que mostrasen veleidades franquistas o hubiesen participado en gobiernos, instituciones y chanchullos franquistas. No se hizo y volvimos a chocar con la misma piedra. Nos encontramos de nuevo con las fuerzas reaccionarias y de la derecha en general más fuertes que nunca, orgullosas de su pasado y dueñas de nuestro futuro, dominando los medios de comunicación y de socialización y dispuestas a vaciar de contenido la democracia imponiendo los hábitos políticos, sociales y económicos heredados de la dictadura y reduciendo a la mínima expresión el Estado del bienestar, tan reciente entre nosotros. Al mismo tiempo, la izquierda se encuentra desarbolada, primero porque ha perdido la base social que es su razón de ser: Encriptada, sus mensajes ni sus ejemplos calan; en segundo lugar porque hay una crisis mundial que tiene una vertiente española provocada por esa misma derecha –la burbuja inmobiliaria y la paralización del crédito- a la que no se puede responder desde un solo país, cosa que parece no queremos entender la mayoría. Consecuencia de esta situación, es la desafección creciente –otra vez más- de la población ante la clase política y una confusión que en nada nos beneficia y que puede llevarnos por enésima vez del populismo demagógico al neoliberalismo más salvaje.

Para evitar esa situación, es menester tener las cosas lo suficientemente claras y dirigir las protestas hacia el lugar preciso, siendo conscientes de que quienes idearon la burbuja inmobiliaria y desregularon el mercado financiero, o sea los gobiernos de Aznar, Rato, Rajoy y compañía, jamás harán otra política diferente a la que en aquellos tiempos hicieron y que trajeron estos lodos. Hay que saber quiénes causaron la enfermedad para aplicar el tratamiento correcto:

1. Los hábitos corruptos del franquismo que siguen impregnando nuestra economía y, por ende, nuestra democracia: Amiguismo, clientelismo, especulación, cutrerío, clasismo, información privilegiada, amoralidad e impunidad.

2. Wall Street, la City londinense, la política económica impuesta por Ángela Merkel y el esclavismo chino.

3. Los gobiernos ultraconservadores de Aznar –de los que formó parte Rajoy- con su ley del suelo y su permisividad ante la política crediticia disparatada de los bancos.

4. Jaime Caruana, director del Banco de España hasta 2006, y Miguel Ángel Fernández Ordóñez, director a partir de esa fecha, quienes debieron haber advertido y prohibido a la banca esas prácticas crediticias suicidas.

5. Los bancos y cajas en su totalidad, sus dueños, consejeros y altos ejecutivos, que ofrecieron dinero para especular muy por encima de sus posibilidades y tienen hoy paralizado el crédito debido al enorme stock de suelo y viviendas en su poder, sometiendo a todo el país a su interés particular.

6. Los empresarios que dejaron su actividad habitual para dedicarse a hacerse ricos en cuatro días descapitalizando sus empresas para invertir en el ladrillo.

7. Las nuevas tecnologías que están siendo aplicadas para destruir millones de puestos de trabajo en vez de servir para disminuir la jornada laboral y repartirlo.

8. Los ciudadanos que se endeudaron muy por encima de lo que permitían sus sueldos gracias a la política de créditos fáciles y a la mentalidad de nuevo rico instaurada por el gobierno Aznar, la banca y los medios de comunicación afines.

9. Los grandes especuladores y financieros de un mundo en el que la globalización y el libre movimiento de capitales permiten estafas globales sin coste penal ni monetario alguno.

10. Las instituciones económicas de la Unión Europea y mundiales empeñadas en desarmar el Estado del bienestar, en privatizar todo lo público, en ahogar a los países más endeudados a causa de la gran estafa y en dictar draconianas medidas contra los trabajadores, únicos paganos verdaderos de este gigantesco estropicio.

11. Y, por último, el actual gobierno español que no ha actuado penalmente contra quienes provocaron la crisis ni ha sabido explicarla adecuadamente a los ciudadanos.

Es, a nuestro parecer, contra esas personas, esas instituciones y esos hábitos contra los que hay que actuar y movilizarse, evitando generalizaciones que otorguen a todos iguales responsabilidades, porque además de ser una falacia –el actual gobierno lo ha hecho mal en muchas cosas pero en absoluto tiene que ver con la génesis de la crisis- nos lleva inexorablemente a la demagogia populista y a entregar el poder a los verdaderos causantes de esta situación, lo que aparte de ser una terrible paradoja, supone regresar al pasado y meternos de lleno en la boca del león.


Pedro Luis Angosto

PUBLICAT A nuevatribuna.es / 21 juny 2011

dijous, 16 de juny del 2011

Las ignoradas causas del paro

VICENÇ NAVARRO

Uno de los dogmas neoliberales que se reproducen con más frecuencia en los círculos empresariales y financieros (y ahora –con la reforma aprobada por el Gobierno Zapatero– en los círculos políticos dominantes) es el de atribuir el elevado desempleo en España a supuestas rigideces del mercado de trabajo, consecuencia de un excesivo poder de los sindicatos. Esta postura se promueve en los medios de mayor difusión y se ha convertido en la sabiduría convencional del país. De esta interpretación de las causas del desempleo se concluye que la intervención más eficaz para resolverlo consiste en desregular los mercados laborales, diluyendo el papel de los sindicatos en los convenios colectivos y facilitando el despido de los trabajadores.
Lo que es sorprendente es que esta explicación del elevado desempleo se promueva en los medios de información, cuando la evidencia empírica existente la cuestiona ampliamente. En realidad, tal evidencia forzó a la OCDE (institución neoliberal que promovió esta teoría) a desautorizar su famoso informe Jobs Study Report del año 2004, donde se proponía la desregulación de los mercados de trabajo como la medida más eficaz para reducir el desempleo. En aquel informe se decía que la dificultad en despedir a los trabajadores con contrato fijo (los llamaba los insiders) hacía que los empresarios fuesen reacios a contratar a los que no tenían trabajo (los llamados outsiders).
La evidencia, repito, no avala tal teoría. En primer lugar, no hay que confundir (lo cual ocurre constantemente) la tasa de desempleo con la tasa de crecimiento del desempleo. Son dos indicadores distintos. La primera es elevada, en general, cuando no hay suficientes puestos de trabajo disponibles para la gente que quiere trabajar. Y esto es lo que ha ocurrido desde hace bastante tiempo y explica por qué siempre España, incluso en tiempos de bonanza económica, tiene un elevado desempleo. Y una de las mayores causas de la falta de puestos de trabajo es el escaso desarrollo del sector público y, muy en particular, de los servicios públicos del Estado del bienestar, tales como sanidad, educación, servicios sociales, escuelas de infancia, servicios de ayuda a las personas con dependencia, vivienda social y otros servicios. Si España tuviera el porcentaje de la población adulta que trabaja en tales servicios (hoy es el 9%) que tiene Suecia (25%), tendría más de cinco millones de puestos de trabajo más de los que tiene ahora, cifra que es superior, por cierto, al número de desempleados que tiene ahora España, con lo cual el desempleo no existiría. Tales puestos de trabajo podrían financiarse con los 200.000 millones de euros más de los que recibe el Estado español (tanto central como autonómico y municipal) si este tuviera la política fiscal que tiene Suecia.
El problema, pues, no es económico, sino político, y ello aparece con toda claridad cuando analizamos quién paga impuestos en España. La gran mayoría de impuestos procede de las rentas del trabajo. La población que está en nómina paga, en general, unos impuestos que proporcionalmente son semejantes a los impuestos de sus homólogos en la UE-15, y sólo ligeramente inferiores a los que pagan sus homólogos en Suecia. El trabajador de Seat, por ejemplo, paga en impuestos el 75% de lo que paga el trabajador de Volvo. Quienes no pagan son las rentas superiores. Los ricos y los grupos fácticos (banca y gran patronal) españoles pagan en impuestos sólo el 20% de lo que pagan sus homólogos en Suecia. El enorme poder político y mediático de estos últimos da lugar a las políticas fiscales regresivas que explican, en parte, los bajos ingresos al Estado y la escasa creación de empleo público. Es necesario y urgente aumentar los impuestos y su progresividad creando empleo (y reduciendo el déficit social de España, que tiene el gasto público social por habitante más bajo de la UE-15).
Como decía, la tasa de desempleo es un indicador distinto a la tasa de aumento del desempleo. Los países, junto con España, que han tenido mayor crecimiento del desempleo durante la crisis han sido EEUU e Irlanda. España ha tenido de 2007 a 2009 un crecimiento de 12 puntos en su desempleo; Irlanda de 9,7 puntos y EEUU de 4,7 puntos. Y EEUU e Irlanda son los países que tienen mayor desregulación del mercado de trabajo. En ellos, el empresario puede despedir con toda facilidad y los sindicatos son muy débiles. El único país de la OCDE que ha visto continuar el descenso de su desempleo ha sido Alemania, y ello a pesar de que tuvo uno de los colapsos económicos más marcados de su PIB durante la crisis, el cual cayó en picado un 4,7% (mucho más que EEUU, un 2,7% del PIB, y que España, un 3,7%) como consecuencia de la disminución de sus exportaciones, resultado de la recesión mundial. Y Alemania es uno de los países que tienen los mercados laborales más regulados y unos sindicatos más fuertes. En realidad, la cogestión empresarial, con los trabajadores y sus sindicatos representados en los comités de dirección de las empresas, explica que estas, al ver disminuir las demandas de sus bienes y servicios, hayan escogido reducir el tiempo de trabajo de cada trabajador en lugar de despedirlos. En España, sin embargo, el empresario despide, lo cual no sólo tiene un coste humano y social, sino un coste económico, pues el trabajador a largo plazo pierde conocimientos y facultades que necesitará más tarde para emplearlo de nuevo.
Facilitar el despido en tiempos de recesión aumenta el desempleo, pues el empresario se adapta a la reducción de la demanda disminuyendo su fuerza de trabajo. Esto es lo que está pasando en España. Y las políticas públicas (de clara sensibilidad neoliberal) que se están aprobando por el Estado lo están facilitando.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas Universitat Pompeu Fabra


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Toni Baos