AL 1º DE MAYO

abril 29, 2011

Los trabajadores y trabajadoras vamos al 1º de Mayo desde la realidad de una crisis en la que no vemos horizonte de salida.

La Encuesta de Población Activa pone de relieve que tenemos 522.100 personas paradas en Madrid. El Gobierno Regional manifiesta su alegría por el hecho de que "aparentemente" hay 19.900 parados menos que en el trimestre anterior. Sin embargo oculta que Madrid ha perdido 36.800 puestos de trabajo a lo largo del primer trimestre de2011. ¿Cómo entender esta paradoja? ¿Hay menos parados y menos empleados al mismo tiempo?. Cosas de la estadística. Madrid pierde empleo porque la crisis nos sigue golpeando con dureza, pero disminuye el paro porque la EPA sólo contabiliza como parados a los que, estando inactivos, manifiestan que han buscado empleo en la última semana. Dicho de otra manera. De hecho la disminución de los parados se debe exclusivamente a que 25.700 personas en busca del primer empleo han perdido completamente la confianza en encontrarlo. Son cada vez más las personas que, sumidas en el paro durante meses y años, considera inútil buscar un empleo en Madrid. Son más los que consideran inútil patear empresas buscando unos empleos cada vez más escasos. Son cada vez más los desanimados.

Por eso, en la estadística, Madrid aparece con 19.900 parados menos, pero con más de 55.000 inactivos más y con 36.800 puestos de trabajo perdidos.

No hay motivo alguno para la alegría, sino más bien un aumento alarmante de la desesperanza y de las situaciones desesperadas en la Región capital. Son 300.000 las personas paradas que carecerán de todo tipo de prestación o ayuda a lo largo de 2011.

El 1º de Mayo habremos recogido el grueso de las 500.000 firmas de la Iniciativa Legislativa Popular necesarias para obligar al Parlamento a debatir nuestras propuestas contra la Reforma Laboral . La recogida de firmas, es una oportunidad para informar, debatir, explicar nuestras propuestas, extender nuestras movilizaciones en defensa del empleo.

Hemos intentado recomponer un marco de negociación y acuerdo en el combate contra la crisis. El Acuerdo Social y Económico ha sido un intento en esta dirección. Pero las tensiones económicas van a mantenerse, el paro amenaza con seguir creciendo y agudizando sus efectos sobre millones de familias, las amenazas de los mercados sobre España no han terminado. La tentación de recortar por lo más fácil, por lo más débil, por los derechos sociales y laborales, no está despejada. El rescate español, tras el portugués, con la imposición de nuevas y más dolorosas medidas de ajuste es más probable hoy que ayer.

Debemos prepararnos para un largo periodo de lucha por el empleo y en defensa de los derechos laborales y sociales que no pueden ser las víctimas propiciatorias de la crisis. La Reforma de la Negociación Colectiva será la siguiente prueba a la que deberemos someternos. Reordenar, articular, simplificar, fortalecer la negociación colectiva, son lo contrario del intento de debilitar la acción sindical en la empresa y deteriorar la capacidad protectora del convenio.

Los sectores más duros del Gobierno coinciden con la derecha política y con esa parte del empresariado acostumbrado al alto beneficio, fácil, seguro y especulativo, en recortar derechos laborales y la tentación de bloquear la negociación bipartita para forzar una nuevo decretazo del Gobierno, puede desencadenar un nuevo escenario de conflicto y movilizaciones.

Vamos a manifestarnos, este 1º de Mayo, con más motivos que nunca. Con más problemas que nunca y con una voluntad decidida de forzar salidas justas para esta crisis.

Salidas de protección a los parados. Consolidación de los derechos laborales y sociales. Búsqueda de un modelo económico más sano y menos especulativo

No es tiempo de conformismo, resignación, derrotismo, ni miedo. Es tiempo de indignación, rebeldía, organización y voluntad de lucha.

Es hora, hoy, de animar a la participación en la Manifestación del 1º de Mayo, reivindicar la lucha de los trabajadores.

Francisco Javier López Martín
Secretario General de CCOO de Madrid

http://ccooblog.wordpress.com/

Desalmado capital

SANTOS JULIÁ

Parece como si sonara a nuevo: que los gobiernos no son ya depositarios de la soberanía nacional, sino meros ejecutores de órdenes que emanan de los centros del poder financiero; que los políticos han sucumbido ante las exigencias del capital, llamado ahora los mercados; que es preciso despertar y mostrar la rabia y el enojo a plena luz del día, en la calle; que hay que recuperar la autonomía de la acción política frente a los mandatos de poderes económicos.

Parece nuevo, pero a quien se haya dado una vuelta por el siglo XIX toda esta literatura le tiene que sonar más que familiar, pura rutina. Nadie expresó con más fuerza la confusa relación simbiótica entre poder del Estado y poder del capital que Karl Marx cuando atribuyó a una "superstición política" la ilusión de que "el Estado debe mantener ligada la vida burguesa, cuando en realidad es la vida burguesa la que mantiene ligada la cohesión del Estado". Una superstición política, a eso se reduce creer que, ahora como en tiempos pasados, Estado y capital fueron o sean entes autónomos, cada uno con una esfera propia de actuación.

Lo nuevo hoy, como hemos comprobado en nuestras propias carnes, no es que el Estado venga en ayuda del capital; lo nuevo es que el capital ya no se personifica en la burguesía que inspiró al Viejo Topo su memorable canto. Aquella burguesía, que tuvo su origen en el frío cálculo racional de raíz calvinista, acabó por descubrir que era de su interés elevar el nivel de consumo del proletariado, favorecer la extensión de las clases medias y sostener la capacidad fiscal del Estado para producir bienes públicos. Mal que bien, después de la catástrofe de las dos guerras mundiales, esa burguesía, con su cohorte de aliados, se entendió con la clase obrera devenida socialdemócrata para mantener el llamado Estado de bienestar.

Pero esa burguesía ha desaparecido: en el desolador documento que es Inside Job no aparece ningún burgués, ningún propietario de medios de producción. Todos, desde el profesor de Harvard hasta el secretario de Economía de Obama, son profesionales de las finanzas; aparte del yate y de la mansión, ninguno es propietario más que del arte de fabricar unos papeles que no son ya dinero, ni crean dinero, pero de los que ellos se valen para nadar en montañas de dinero. Tipos más bien miserables, sin más pasión que la de colocar en el mercado sus productos-basura y... lamentar ante un comité de congresistas haber dejado el rastro de sus fechorías en un e-mail.
¿La diferencia con la burguesía? Entre otras, que cuando Ford fabricaba un coche, allí estaba el coche, nuevecito, reluciente, listo para ser adquirido por el obrero que lo había fabricado y circular por grandes autopistas. Pero cuando estos fabricantes de humo lanzan alguno de sus imaginativos productos al mercado, no hay nada detrás excepto codicia y rapiña; cuanto más basura sea el producto, más dinero apañan, como demuestra el analista financiero de Inside Job cuando presume de la bonita suma de dólares que se ha llevado al talego por plagiar un deleznable informe elaborado por un banco islandés.

Aquella en otro tiempo clase dominante tenía, a pesar de la racionalidad de sus cálculos, un alma, una pasión, la de crear riqueza, abandonando a la mano invisible del mercado el cuidado de repartirla; cuando el mercado reventó, se avino a que el Estado asumiera la función de gran redistribuidor. Por supuesto, seguía siendo una superstición política creer que el Estado se había vuelto autónomo en su relación con el capital; pero resultó una superstición provechosa, tanto para la burguesía como para el Estado y para quienes se beneficiaron de su papel redistributivo.
La nueva clase financiera, sin embargo, es desalmada: no bien el Estado ha acudido a su rescate y ya vuelve a repartirse, sobre las ruinas provocadas por ella misma, los millones de dólares como si aquí no hubiera pasado nada. Y si la vieja burguesía hubo de avenirse a un compromiso, es claro que a esta nueva clase el Estado no sabe o no puede protegerla de su propia codicia; no le queda más opción que destruirla. Pero cómo y quién pondrá el cascabel a un gato capaz de arrastrar en su caída a todo el sistema financiero es cosa que necesitaría de otro Viejo Topo para poner en claro. Y no es el menor de los éxitos de quienes circulan por las gélidas entrañas del desalmado mundo del capital financiero haber cegado todas las galerías que daban cobijo a las pobres crías de los viejos topos.

Publicat a "EL PAÍS" de 24.04,2211

España, república de trabajadores

Antonio Baylos*

La celebración del 80 aniversario de la II República es una buena ocasión para poner de relieve la tensión que existe en el proyecto constituyente entre una noción clásica de ciudadanía de base liberal-democrática, donde el laicisimo, la educación y la cultura y la ampliación de la participación política fueron los elementos más destacados, y la nueva reformulación de la relación política con el trabajo como eje central no sólo de la economía, sino como objeto de la tutela y promoción por parte del Estado.

“España es una república democrática de trabajadores de todas clases, que se organiza en régimen de libertad y de Justicia”, y esa vertebración de la democracia a partir de la condición de trabajador, se reitera en el art. 46 de la constitución republicana para el que “el trabajo, en todas sus formas, es una obligación social, y gozará de la protección de las leyes”. A partir de aquí, la II República, en tan sólo dos años, construyó todo el andamiaje de un derecho del trabajo moderno, en donde la componente público-estatal se enlazaba con la privado-colectiva, con la regulación de la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga. La fuerza del Estado Social republicano acrecentaba la presencia de la norma de origen público en la regulación de las relaciones laborales, no sólo de origen parlamentario o gubernamental, sino fundamentalmente a través de los Jurados Mixtos y las Bases de trabajo que se aplicaban como una norma estatal con preferencia a la eficacia contractual de los pactos colectivos regulados en la Ley de Contrato de Trabajo. El reflejo sindical de esta confrontación entre formas de producir las reglas que disciplinaban las condiciones de trabajo y de empleo – las bases de trabajo o los pactos colectivos – anticipaba visiones contrapuestas de la construcción social del trabajo productivo, integradas en la función activa y conformadora del Estado o situadas en un espacio de autonomía colectiva pura marcada por la acción directa, y ambas a su vez en un horizonte de conflictividad social y de reforma permanente.

La reivindicación del derecho del trabajo republicano suele estar ausente de las efemérides del aniversario, que prefieren resaltar el tema de las reformas sociales, la construcción de elementos importantes de un sistema de seguros obligatorios, la reforma agraria o la influencia de la crisis económica de 1929 en las medidas de empleo, desempleo y colocación. Sin embargo es uno de los activos de mayor trascendencia histórica de la II República. El programa de acción legislativa del art. 46 de la constitución sigue suministrando aún hoy los elementos esenciales del esquema de regulación del trabajo, porque reconocía coherentemente la obligación de la república de “asegurar a todo trabajador las condiciones necesarias de una existencia digna”.

Desde estas coordenadas, el derecho del trabajo lo que persigue es la tutela del trabajo, considerado el centro de la sociedad y base de la dignidad de las personas. La dimensión colectiva del trabajo, la estructuración de los trabajadores en sindicatos de clase, y la proyección de sus acciones hacia la extensión de la democracia mediante la ampliación de los derechos de los trabajadores y la mejora de su condición social y cultural, es una seña de identidad republicana. Por eso mismo es silenciada.

Y, no menos importante, también en este dominio, la consideración del trabajo como base de la sociedad y del desarrollo de la democracia aparece como una respuesta a la crisis económica. La respuesta a la crisis mundial del 29 en la República española es la de fortalecer la democracia y potenciar las reformas sociales y la regulación de los derechos colectivos e individuales de los trabajadores. En terminología actual se diría que vigorizar el estado democrático y el estado social fue la respuesta a la erosión de la economía nacional, la forma de dar salida a la crisis. Otra importante lección de aquella experiencia.

Naturalmente que la historia de la república de trabajadores es también la de los obstáculos a su realización. La involución durante el bienio negro y la amnistía laboral – no sólo política – de febrero de 1936 frente a los despidos de 1933-35, la estructuración del fascismo español como brazo de hierro anti-obrero, y la segregación de una hostilidad hacia los sindicatos de clase y la huelga como arma de tutela colectiva que habría de permear como ideología y política de régimen todo el período histórico del Estado Nacional impuesto tras la sublevación militar, son rasgos característicos también de ese período. Pero su concepción central, su mejor legado, la centralidad del trabajo en la sociedad y en el proyecto colectivo de un pueblo, sigue vigente cada vez mas en nuestros días.

*Catedràtic de Dret del Treball. Universidad de Castilla La Mancha Publicat a nuevatribuna.es 14 Abril 2011

L'escola no ho pot ensenyar tot,

"L'escola no ho pot ensenyar tot" .....(Punxeu AQUÍ per veurer l'article) 

Article de na Montse Ros, Secr. General de la Federació d'ensenyament de CCOO de Catalunya.

Crímenes económicos contra la humanidad

LOURDES BENERÍA / CARMEN SARASÚA

Según la Corte Penal Internacional, crimen contra la humanidad es "cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil". Desde la II Guerra Mundial nos hemos familiarizado con este concepto y con la idea de que, no importa cuál haya sido su magnitud, es posible y obligado investigar estos crímenes y hacer pagar a los culpables.

Situaciones como las que ha generado la crisis económica han hecho que se empiece a hablar de crímenes económicos contra la humanidad. El concepto no es nuevo. Ya en los años 1950 el economista neoclásico y premio Nobel Gary Becker introdujo su "teoría del crimen" a nivel microeconómico. La probabilidad de que un individuo cometa un crimen depende, para Becker, del riesgo que asume, del posible botín y del posible castigo. A nivel macroeconómico, el concepto se usó en los debates sobre las políticas de ajuste estructural promovidas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial durante los ochenta y noventa, que acarrearon gravísimos costes sociales a la población de África, América Latina, Asia (durante la crisis asiática de 1997-98) y la Europa del Este. Muchos analistas señalaron a estos organismos, a las políticas que patrocinaron y a los economistas que las diseñaron como responsables, especialmente el FMI, que quedó muy desprestigiado tras la crisis asiática.

En la actualidad son los países occidentales los que sufren los costes sociales de la crisis financiera y de empleo, y de los planes de austeridad que supuestamente luchan contra ella. La pérdida de derechos fundamentales como el trabajo y la vivienda y el sufrimiento de millones de familias que ven en peligro su supervivencia son ejemplos de los costes aterradores de esta crisis. Los hogares que viven en la pobreza están creciendo de forma imparable. Pero ¿quiénes son los responsables? Los mercados, leemos y oímos cada día. En un artículo publicado en Businessweek el 20 de marzo de 2009 con el título "Wall Street's economic crimes against humanity", Shoshana Zuboff, antigua profesora de la Harvard Business School, sostenía que el que los responsables de la crisis nieguen las consecuencias de sus acciones demuestra "la banalidad del mal" y el "narcisismo institucionalizado" en nuestras sociedades. Es una muestra de la falta de responsabilidad y de la "distancia emocional" con que han acumulado sumas millonarias quienes ahora niegan cualquier relación con el daño provocado. Culpar solo al sistema no es aceptable, argumentaba Zuboff, como no lo habría sido culpar de los crímenes nazis solo a las ideas, y no a quienes los cometieron.

Culpar a los mercados es efectivamente quedarse en la superficie del problema. Hay responsables, y son personas e instituciones concretas: son quienes defendieron la liberalización sin control de los mercados financieros; los ejecutivos y empresas que se beneficiaron de los excesos del mercado durante el boom financiero; quienes permitieron sus prácticas y quienes les permiten ahora salir indemnes y robustecidos, con más dinero público, a cambio de nada. Empresas como Lehman Brothers o Goldman Sachs, bancos que permitieron la proliferación de créditos basura, auditoras que supuestamente garantizaban las cuentas de las empresas, y gente como Alan Greenspan, jefe de la Reserva Federal norteamericana durante los Gobiernos de Bush y Clinton, opositor a ultranza a la regulación de los mercados financieros.

La Comisión del Congreso norteamericano sobre los orígenes de la crisis ha sido esclarecedora en este sentido. Creada por el presidente Obama en 2009 para investigar las acciones ilegales o criminales de la industria financiera, ha entrevistado a más de 700 expertos. Su informe, hecho público el pasado enero, concluye que la crisis se hubiera podido evitar. Señala fallos en los sistemas de regulación y supervisión financiera del Gobierno y de las empresas, en las prácticas contables y auditoras y en la transparencia en los negocios. La Comisión investigó el papel directo de algunos gigantes de Wall Street en el desastre financiero, por ejemplo en el mercado de subprimes, y el de las agencias encargadas del ranking de bonos. Es importante entender los distintos grados de responsabilidad de cada actor de este drama, pero no es admisible la sensación de impunidad sin "responsables".

En cuanto a las víctimas de los crímenes económicos, en España un 20% de desempleo desde hace más de dos años significa un enorme coste económico y humano. Miles de familias sufren las consecuencias de haber creído que pagarían hipotecas con sueldos mileuristas: 90.000 ejecuciones hipotecarias en 2009 y 180.000 en 2010. En EE UU, la tasa de paro es la mitad de la española, pero supone unos 26 millones de parados, lo cual implica un tremendo aumento de la pobreza en uno de los países más ricos del mundo. Según la Comisión sobre la Crisis Financiera, más de cuatro millones de familias han perdido sus casas, y cuatro millones y medio están en procesos de desahucio. Once billones de dólares de "riqueza familiar" han "desaparecido" al desvalorizarse sus patrimonios, incluyendo casas, pensiones y ahorros. Otra consecuencia de la crisis es su efecto sobre los precios de alimentos y otras materias primas básicas, sectores hacia los que los especuladores están desviando sus capitales. El resultado es la inflación de sus precios y el aumento aún mayor de la pobreza. En algunos casos notorios de fraude como el de Madoff, el autor está en la cárcel y el proceso judicial contra él continúa porque sus víctimas tienen poder económico. Pero en general, quienes han provocado la crisis no solo han recogido unas ganancias fabulosas, sino que no temen castigo alguno. Nadie investiga sus responsabilidades ni sus decisiones. Los Gobiernos los protegen y el aparato judicial no los persigue.

Si tuviéramos nociones claras de qué es un crimen económico y si existieran mecanismos para investigarlos y perseguirlos se hubieran podido evitar muchos de los actuales problemas. No es una utopía. Islandia ofrece un ejemplo muy interesante. En vez de rescatar a los banqueros que arruinaron al país en 2008, la fiscalía abrió una investigación penal contra los responsables. En 2009 el Gobierno entero tuvo que dimitir y el pago de la deuda de la banca quedó bloqueado. Islandia no ha socializado las pérdidas como están haciendo muchos países, incluida España, sino que ha aceptado que los responsables fueran castigados y que sus bancos se hundieran. De la misma forma que se crearon instituciones y procedimientos para perseguir los crímenes políticos contra la humanidad, es hora de hacer lo mismo con los económicos. Este es un buen momento, dada su existencia difícil de refutar. Es urgente que la noción de "crimen económico" se incorpore al discurso ciudadano y se entienda su importancia para construir la democracia económica y política. Como mínimo nos hará ver la necesidad de regular los mercados para que, como dice Polanyi, estén al servicio de la sociedad, y no viceversa.

Lourdes Benería es profesora de Economía en la Universidad de Cornell. Carmen Sarasúa es profesora de Historia Económica en la Universidad Autónoma de Barcelona.

PUBLICAT A EL PAÍS 29/03/2011