El 15M: El valor de una alianza intergeneracional

José Saramago murió el 18 de junio de 2010. Sus últimas palabras quedaron escritas en la entrada de su blog, con el sugerente título Pensar, pensar: “Creo que en la sociedad actual nos falta filosofía. Filosofía como espacio, lugar, método de reflexión, que puede no tener un objetivo concreto, como la ciencia, que avanza para satisfacer objetivos. Nos falta reflexión, pensar, necesitamos el trabajo de pensar, y me parece que, sin ideas, no vamos a ninguna parte”.

28-07-2011 - Antoni Gutiérrez Rubí.-

El 15M nos ha hecho pensar, pero no puede explicarse sin la influencia moral y espiritual de nuestros mayores, de nuestros referentes éticos. La importancia de Saramago, entre otros, en parte de la generación joven que ha protagonizado la #spanishrevolution es incuestionable. En 2004 escribía Ensayo sobre la lucidez, un texto que explora los límites de la democracia, con una apología del voto en blanco, y que anticipa buena parte de las reflexiones que sustentan la mirada crítica al sistema de representación democrática de nuestras sociedades.
En buena parte de la opinión pública española se ha consolidado la convicción de que los dirigentes políticos actuales no tienen la densidad moral y ética imprescindibles para el ejercicio de una política que sea capaz de sobreponerse a la resignación, al determinismo económico que imponen los mercados, y al desgarro social que suponen las consecuencias dramáticas de la crisis. Existe, quizás, la percepción de un fracaso generacional. En este contexto, los viejos referentes morales han ocupado el espacio vacío de la política convencional.
En octubre de 2010, Stéphane Hessel, de 94 años, publicó su famoso ensayo “Indignez-vous!”. El éxito de este texto tiene que ver con lo que se dice, y con quién lo dice. Hessel es el último protagonista vivo de la redacción de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y ex líder de la Resistencia. Un héroe de guerra. Un héroe moral.
En enero, ¡Indignaos! llegó a España y, otro admirado senior, le hacía el prólogo: José Luis Sampedro. Saramago, Hessel, Sampedro… (a los que hay que añadir el prestigio intelectual y reputacional de otros mayores como Eduard Punset, Manuel Castells o Federico Mayor Zaragoza) han sido las voces morales que han sustentado la consistencia rebelde del 15M. Voces comprometidas.
La coexistencia generacional de (muy) mayores y (muy) jóvenes en las plazas, en las acampadas, así como el respeto y la admiración que “los abuelos de la boina”[1] han conseguido entre los acampados, se han visto reflejados durante todo este tiempo. El 15M es una respuesta de rebeldía cívica protagonizada, no exclusivamente, por jóvenes que han sido comprendidos por sus abuelos -ante el desconcierto de sus padres- e ignorados por sus representantes.

El futuro del 15M

El movimiento continuará aunque no continúen –o no se consoliden- las personas y las organizaciones que han cohesionado de manera viscosa la naturaleza de este movimiento. El 15M representa un estado de ánimo. También unas convicciones y unas propuestas diversas, plurales, incluso contradictorias. Su victoria es la energía social que ha liberado entre la ciudadanía que ha descubierto que puede, quiere y sabe hacer política sin partidos (y sin sindicatos).
Todo ello se ha producido en un contexto de cambio de escala, de cambio de potencia. Podemos hablarle al mundo. La distancia entre pensar, decir y hacer ha sido solo de un clic en las redes. Pensar que no estoy de acuerdo, decirlo, hacerlo. Pasamos de un mensaje SMS, de un mensaje bidireccional privado, casi enclaustrado, a un mensaje abierto y global. Este es el cambio.
Las primeras reclamaciones de las acampadas han sido en relación a la Ley electoral. En el fondo lo que se pide es otra manera de hacer política, desde el convencimiento que siendo más representativa, más horizontal, más próxima, más transparente… será capaz de tener la autonomía y la fuerza para hacer frente a la crisis económica.
Muchos líderes políticos de diferentes niveles de representación y de posición se preguntan: ¿Qué representan? ¿Qué quieren? ¿Quiénes son? ¿Con quién se tiene que hablar? Son las preguntas equivocadas. No es relevante quiénes son. Son mucha gente y muy diversa. Quieren muchas cosas y pocas, pero lo importante es saber escucharles, hablar, dialogar. Representan a mucha más gente de la que ha salido a la calle y a mucha más gente de la que ha acampado. Simbolizan una tarjeta amarilla casi roja a la clase política, a los partidos y a su manera de actuar. Una tarjeta más y expulsados; eso es lo que deberían entender.
Nunca como hasta ahora había sido tan clara la necesidad de una alianza intergeneracional para recuperar la política, su sentido y su utilidad. Nuestros mayores han hablado claro y libremente, propinando un azote moral e intelectual a nuestras conciencias, mientras los jóvenes han tomado el relevo con un corte de mangas a las formas y al fondo de la política formal. En medio, nos hemos quedado la mayoría, perdidos e incapaces de asumir nuestra responsabilidad.
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[1] Entrevista a Francisco Román Otero: “La juventud del 15-M, sin saberlo, ha logrado lo que no pudimos hacer nosotros: la ruptura del sistema” (Público, 9.06.2011)

Los sindicatos deben meterse en política

Luis García Montero

Cada vez está más claro que la crisis económica es también una crisis cultural. Se han impuesto unas corrientes de opinión que recortan o rompen algunos de los valores fundamentales de la vida en comunidad. Cuando una empresa que aumenta sus ganancias en un 30% anuncia el despido de miles de trabajadores para impulsar sus beneficios, no responde a un problema de dinero, sino a un problema cultural (esa mancha de ideología que esconde la ciencia económica).

Los sindicatos, como última barrera contra el predominio absoluto del neoliberalismo, están pagando una factura alta en esta crisis. Una organización sindical necesita llevar las discusiones teóricas sobre la libertad de los mercados hasta la realidad concreta de las empresas. Necesita recordarle a la sociedad que las empresas no sólo se definen por saldos de beneficios, sino también por el capital humano de sus trabajadores. Pero un esfuerzo que intenta situar los valores abstractos de la libertad en las situaciones reales de la sociedad y que no admite el aumento de beneficios como único horizonte, entra de inmediato en conflicto con el pensamiento dominante. Si a esto le añadimos la precariedad laboral y el descrédito de la propia idea de organización colectiva en una cultura marcada por la soledad de los miedos y las avaricias, comprenderemos mejor la dificultad de resistencia del movimiento sindical.

A la hora de hacer un análisis del sindicalismo, el problema no es que los sindicatos mayoritarios hayan tenido que aceptar en sus negociaciones con el Gobierno y los empresarios, para evitar catástrofes mayores, algunos acuerdos que suponen una pérdida real de los derechos laborales y de las condiciones sociales de los trabajadores. El verdadero problema es que si hubiese que negociar de nuevo estarían obligados a aceptar unos acuerdos parecidos.

No es lo mismo una negociación laboral que un programa político. En la negociación laboral entran en juego cien detalles que afectan de inmediato a la vida cotidiana de muchas personas, a sus realidades de salario, derechos y jubilación, y a las propias condiciones de lucha de la organización. Las renuncias en la negociación dependen de la correlación de fuerzas y de la importancia de las cosas que pueden estar en peligro. Un partido político, por el contrario, debería cumplir con su deber al defender el programa con el que se ha presentado a las elecciones. ¿Y cuál es en este sentido el panorama? El PSOE, que no fue votado para defender la ideología neoliberal, forma parte de las presiones de los mercados financieros y de los rumbos de la derecha europea. Y la izquierda real tiene una presencia tan débil en el Parlamento que no puede evitar las grandes decisiones políticas tomadas por las fuerzas mayoritarias, casi con aire de consenso nacional, contra los sindicatos.

Hay un agravante más. Como la debilidad facilita la caída en el puritanismo del dogma y la marginación, algunos representantes de la izquierda acaban huyendo de la interpretación de la realidad. Más que analizar las condiciones históricas del trabajo sindical, se dedican a llevar la discusión a los terrenos moralistas de la traición o la pureza. Resulta desoladora la zafiedad de algunos líderes comunistas que utilizan, por ejemplo, el concepto de liberado sindical como un insulto, coincidiendo de pleno con la derecha mediática. Y ese es otro gran problema para los sindicatos: la confusión del poder mediático en manos de una derecha económica agresiva, dispuesta a desprestigiarlos con calumnias e informaciones torticeras.

En este panorama, los sindicatos deben meterse en política si no quieren seguir en el camino suicida del voto útil al PSOE como mal menor. Meterse en política no significa que ellos entren en un partido, perdiendo su independencia para aplicar las consignas decididas por otros. Los ejemplos existentes no son alentadores. Entrar en política significa quitarse grasa, volver a las empresas, analizar sus ausencias, tomar la calle, asumir el conflicto y participar con todas sus fuerzas en la creación de una nueva cultura social y organizativa dispuesta a romper el totalitarismo neoliberal. Las palabras comunidad y participación frente a la lógica egoísta de los beneficios solitarios.

Publicat a PÚBLICO 03.07.2011

Sí, pero no

Antonio Gutiérrez Vegara *

El pasado 22 de junio se sometió a votación en el Congreso la convalidación del decreto sobre reforma de la negociación colectiva. Pero la impericia del Gobierno propició que con el voto se dilucidara otra cuestión: su propia supervivencia. Tanto el PP como los nacionalistas habían decidido el día anterior abstenerse respecto del decreto y promover su posterior tramitación como ley. Sin embargo, una vez hubieron percibido que el Gobierno mismo vinculaba su suerte a la aprobación del decreto, empezó el baile. Los tres grupos pasaron al voto negativo, pero vascos y catalanes, tras bailar con los populares la mayor parte de la sesión, terminaron cambiando de pareja en el último instante y retornaron a la abstención, previo pago por el Gobierno de un alto precio sin reparar en sus consecuencias; como los que se entregan cuando se está entre la bolsa o la vida.
El decreto aprobado en el Consejo de Ministros ya empeoró el borrador que unas horas antes se había comentado con los sindicatos, de tal forma que los patronos tendrán, entre otras prerrogativas, las de aplicar en sus empresas salarios por debajo del sueldo base fijado en el convenio sectorial de referencia, pagar menos por las horas extraordinarias, redistribuir la jornada laboral y las vacaciones, adaptar a su antojo el sistema de clasificación profesional y las modalidades de contratación; segmentar a las plantillas con convenios por franjas de empleados, lo que se traducirá en modificaciones regresivas de las condiciones de trabajo. Y si tenemos en cuenta que el 92% de las empresas españolas tienen menos de 50 trabajadores podemos imaginar el desequilibrio de fuerzas a favor del empresario que la reforma va a comportar.
Abaratando costes salariales y endureciendo las condiciones de trabajo, podrán algunas empresas elevar la productividad por cabeza ocupada, pero raramente optarán por crear ni un solo empleo más, y menos aún mejorarán la productividad por hora trabajada con nuevas inversiones de capital, que es la que a fin de cuentas nos procurará una competitividad más solvente y sostenible, ya que las ganancias de competencia en precios son un espejismo que se difumina cada vez más rápidamente en un mercado mundializado al que acceden países emergentes con precios y salarios más ventajosos. En definitiva, no es una reforma equilibrada que dota de mayor flexibilidad interna a las empresas a cambio de mayor participación de los trabajadores, sino una clara desregulación de las condiciones laborales, que descuartiza la negociación colectiva y fragiliza los derechos. Un nuevo destrozo que se suma al de la reforma laboral del año pasado, que enlugar de empleos sigue produciendo precariedad laboral, y basado también en falsos estereotipos sobre la rigidez de nuestras instituciones laborales machaconamente agitados.
El descuelgue salarial es posible en España desde hace 30 años, con más amparo legal en el Estatuto de los Trabajadores que las cláusulas de revisión salarial, basta con una mínima acreditación por parte del empresario sobre las dificultades económicas de su empresa, y que la Comisión de Seguimiento del Convenio en el que esté encuadrada lo avale, es decir, con elementales dosis de transparencia y participación de los afectados. Ni por el derecho laboral vigente ni por hechos constatables se puede presentar una sola empresa que haya tenido que cerrar porque le obligaran a pagar salarios inasumibles; sin embargo, sí son habituales los casos de plantillas enteras que aceptan congelación y/o reducciones de sus salarios durante uno o más ejercicios para evitar la quiebra de la empresa y pérdidas de empleo, aunque tales sacrificios hayan sido defraudados en más de una ocasión.
La racionalización de la estructura de la negociación colectiva para articularla mejor entre las empresas y los sectores la pactaron autónomamente las confederaciones patronales y sindicales en 1997; pero las propias cúpulas empresariales de la época reconocieron sus dificultades para sortear los intereses creados de sus sectoriales y territoriales en los viejos convenios provinciales. También entonces acordaron la Solución Extrajudicial de Conflictos Colectivos, dotándose de un Servicio de Mediación y Arbitraje y renovando sus criterios de funcionamiento puntualmente cada cuatro años, de forma tal que allí donde se aplica, más en empresas que en sectores, no hay que esperar 8 ni 14 meses para superar bloqueos negociales como impone la reforma recientemente decretada, sino cinco desde la constitución de las mesas de negociación.
Durante el reciente proceso de diálogo social abortado por la actual dirección de la CEOE han rechazado la propuesta de CC OO y UGT de darle eficacia directa a dicho acuerdo para que pudiera extenderse sin más dilación a todos los sectores y territorios, ya que son sus patronales afiliadas las que en importantes ramas de actividad se siguen negando a los procesos de mediación y arbitraje voluntarios.
Ahora el Gobierno le ha puesto a su alcance un arbitraje obligatorio (posiblemente inconstitucional), con tal de zafarse de su deber de negociar durante unos cuantos meses. Ese deber, esencial en unas relaciones laborales democráticas, se sustancia precisamente gracias a la ultractividad de los convenios, para que ni el empresario crea que puede hacer tabla rasa de las condiciones fundamentales de trabajo acordadas libremente cada vez que vence el convenio, ni los representantes sindicales se atrincheren en demandas desmedidas sin asumir la responsabilidad de la congelación salarial de sus representados.
Pero el colmo ha sido ceder ante los grupos nacionalistas que los convenios autonómicos puedan prevalecer sobre los nacionales. De un plumazo se rompe la unidad de mercado, se introduce una considerable inseguridad para inversores propios y foráneos, pueden convertir en papel mojado los Acuerdos Interconfederales que tan decisivos han sido para moderar el crecimiento de los salarios y suponen un injustificable debilitamiento de la capacidad contractual de las grandes centrales sindicales más representativas y democráticas, UGT y CC OO, quienes por cierto siempre han sido y son vectores de primer orden en la vertebración social y económica de nuestro país.
De la magnitud del desaguisado nos ha dado una idea el portavoz del grupo nacionalista vasco cuando ha venido a decir que jamás había soñado con obtener una reivindicación tan histórica del nacionalismo tan fácilmente. El más difícil todavía le rebota al candidato socialista, ya que sin un serio y verificable compromiso de rectificar estos dislates no tendrá fácil recabar apoyos entre las afiliaciones de UGT y CC OO sin que parezca probable que pueda compensarlos con el de los sindicatos ELA-STV, próximo al PNV, y el abertzale LAB. Por otra parte, a quienes piden mejorar la democracia se les responde, más allá de algunas palabras complacientes, con su deterioro donde más les duele, en el espacio donde se ventilan sus condiciones de vida y de trabajo, en la negociación colectiva, que a fin de cuentas es el corolario de la democracia industrial.
Pactar para arrimar el hombro ante retos comunes engrandece a la política, pero urdir cambalaches que aprovechan a quienes siempre barren para casa la envilece. Por no hacerles el juego a estos últimos y por lealtad al Gobierno que apoyo, voté la convalidación del decreto aun estando en contra; pero a la vista del apaño final, que no conocí hasta después de la votación, y convencido de que no servirá para salir del bache económico y de que aún acentuará más el fracaso político, quiero dejar claro mi rotundo no.

* presidente de la Comisión de Economía del Congreso.

Publicat a EL PAÍS de 01/07/2011