Joan Coscubiela*Este fin de semana se han desarrollado diversas movilizaciones que tienen como elemento común la respuesta social a las políticas de ajuste. En Catalunya, los anunciados recortes en el acceso a derechos sociales básicos han generado un amplio rechazo entre los profesionales de los servicios públicos y también en un buen número de organizaciones sociales. En estas circunstancias suele aparecer el debate sobre la legitimidad y utilidad de las movilizaciones.
La crisis obliga a los gobiernos a adoptar medidas de ajuste fiscal, pero esto no significa que exista un único camino. El equilibrio fiscal se consigue actuando por la vía de los gastos y también de los ingresos. Y en materia fiscal, ya llueve sobre mojado.
Durante la década mágica se redujo significativamente la fiscalidad sobre el capital, al tiempo que se aumentaba sobre los salarios y el consumo. Ya iniciada la crisis, en España se hizo desaparecer el impuesto sobre el patrimonio. Y ahora, en Catalunya, el Gobierno plantea como inevitables los recortes sociales, al tiempo que anuncia la casi total desaparición del impuesto de sucesiones que, en su regulación actual, afecta solo al 6 % de la población.
La ciudadanía percibe que las medidas de ajuste no son equilibradas en cuanto al reparto de los esfuerzos y pueden acabar generando más desigualdad. Además, aparecen indicios de que no solo se trata de medidas transitorias, sino de reformas estructurales. Y que se está aprovechando la crisis para adoptar políticas que nada tienen que ver con la solución de los problemas y mucho con imponer determinadas concepciones sobre el papel de los servicios públicos.
Copago encubierto
Resulta evidente en el terreno sanitario, en el que el Gobierno catalán no oculta su objetivo de transferir el coste de la financiación de determinadas prestaciones sanitarias al ámbito del aseguramiento privado. O en la educación, donde todo apunta a un reforzamiento del sector privado en detrimento del sector público, como puede suceder con la desaparición de la sexta hora, y al aumento del copago encubierto por parte de las familias (concierto educativo).
Es esta percepción de injusticia social la que legitima las movilizaciones. Además de legítimas, las movilizaciones pueden ser de utilidad. No solo por su capacidad de incidencia en las decisiones del Gobierno catalán. También porque pueden servir para canalizar la indiferencia o la resignación hacia la indignación y la implicación social en el futuro de las políticas.
Ello interesa no solo a los convocantes de estos actos, sino a toda la sociedad, en la medida que refuerza la democracia y puede evitar el riesgo de deslizamientos populistas o berlusconianos como los que se están produciendo en otros países europeos. Es cierto que hay mecanismos que pueden ser más directos y eficaces para influir en las políticas. Pero no todos los sectores sociales tienen a mano la posibilidad de ejercer de lobi frente al poder. Y, para ellos, la movilización en forma de manifestaciones o huelgas es legítima y puede ser útil.
*Profesor de Derecho Laboral. Facultad de Derecho de ESADE
Pubicat a nuevatribuna.es 16 Maig 2011
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